Sanción social
Estudiantes de medicina se movilizaron. Con sus batas blancas manchadas de rojo denunciaron el crimen contra sus compañeros
Esta semana han aparecido varios cuerpos de mujeres asesinadas. En Ecatepec, Estado de México, van cuatro en un lapso de dos días. Y otro más ayer en Yanga, Veracruz, por sólo hablar de algunos casos.
Uno pensaría que dada la enorme sensibilidad social que hay sobre la violencia de género, los feminicidas se andarían con cuidado. Pero no.
La razón es la impunidad. Los criminales saben que el homicidio es como una lotería en la que tienen casi todos los boletos comprados. En 98% de los casos, el asesino se sale con la suya. El caso se queda archivado. Con el tiempo casi todos se olvidan de él y el culpable resulta impune.
Las pocas veces que las autoridades se sienten obligadas a dar resultados es cuando aparece la presión social. Aunque matan a 10 mujeres y a 90 hombres todos los días en este país, sólo hablamos colectivamente de un puñado de casos, como los de Ingrid y Fátima.
El asesinato múltiple ocurrido en el fin de semana Huejotzingo, Puebla, es un buen ejemplo.
Los estudiantes de medicina se movilizaron. Salieron a las calles con sus batas blancas manchadas de rojo y denunciaron el crimen contra sus compañeros. Obligaron al gobernador Miguel Barbosa a recibirlos y a comprometerse a recitar el machote que siempre sacan los políticos en estos casos: los asesinatos no quedarán impunes, bla, bla, bla.
Lo cierto es que las circunstancias obligaron al encargado de despacho de la Fiscalía del estado, Gilberto Higuera, a ponerse a trabajar.
En unas cuantas horas determinó que el móvil del cuádruple homicidio había sido el robo del auto. Sin embargo, hubo contradicciones entre la primera versión de la dependencia, que decía que el vehículo Beat había sido localizado “cerca del lugar del crimen” y la que posteriormente se dio, en el sentido de que lo habían encontrado en una de las casas cateadas ayer, vinculadas con una banda dedicada a ese delito.
Luego introdujo otra hipótesis: que Ximena Quijano Hernández, una de las personas asesinadas, había tenido un altercado con una vendedora de sombreros durante el carnaval de Huejotzingo.
Sobre el lugar donde se encontraron los cuatro cuerpos, el fiscal dijo que “ésta es una zona en la que algunos grupos delictivos, según la evidencia que tenemos, se han disputado, incluso se han agredido entre ellos mismos”. Es decir, es una de tantas franjas de este país, donde ocurren delitos con frecuencia, cosa que todo mundo sabe, y, pese a ello, las autoridades no se sienten compelidas a hacer algo, como aumentar la vigilancia, particularmente en ocasión de una fiesta como el carnaval.
Los tres estudiantes de medicina nada extraordinario hicieron ese día. Salieron a divertirse, como hacen los jóvenes, y tomaron un transporte de plataforma para regresar a casa. En el camino, poco después de abordar el Uber –cuyo conductor también terminó muerto, pese a sólo estar haciendo su trabajo–, algo sucedió que terminaron asesinados a balazos. Si se hallaron sus cuerpos fue porque la madre de uno de los universitarios utilizó la geolocalización del celular de su hijo, y dio aviso.
El tío de ese mismo joven, José Antonio Parada Cerpa, a quien entrevisté ayer en la radio, me dijo que esperaba que el crimen fuese un “punto de inflexión” para que nunca vuelva a pasar algo similar.
La única posibilidad de que eso ocurra es que se mantenga la presión colectiva. Sólo la sanción social hace que las autoridades se sientan obligadas a hacer su trabajo. Aquí se cruza además el hecho de que dos de las víctimas sean originarias de Colombia.
A los gobiernos no les gusta sentirse presionados, obligados a reaccionar. Lo hacen porque no tienen de otra. Por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador le da por decir que este tipo de presiones de la sociedad son actos orquestados para hacer ver mal a su gobierno. Pero, hoy en día, con las instituciones deformes y descompuestas que tenemos, es la única manera que tenemos de procurar justicia.
