La denominada rifa del avión presidencial, que esta tarde llega a su fin en la Lotería Nacional, no arrojó los resultados esperados aunque sí culmina una campaña propagandística de la 4T.
Hasta ayer no se habían vendido 30 por ciento de los boletos ofertados, equivalente a unos 900 millones de pesos. Y, ante las dificultades de ventas, en las últimas semanas entidades públicas y sindicatos nacionales regalaron billetes a burócratas y agremiados sin rendirse cuentas sobre la adquisición de esos boletos.
La meta era vender 6 millones de “cachitos” de 500 pesos, lo que significaría una recaudación de 3 mil millones de pesos. La mitad de esos 6 millones de cachitos fueron asignados para su compra a empresarios que asistieron a una cena-sablazo en Palacio Nacional en febrero pasado.
Por tanto, entre febrero y septiembre fueron vendidos al público en general apenas 20 por ciento, poco más de un millón de cachitos.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró contar con los 2 mil millones de pesos para cubrir los 100 premios de 20 millones que se pagarán a los ganadores de la rifa. “Les adelanto que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios, ya eso está resuelto”, dijo, pese a que ese dinero nunca estuvo en duda.
La Fiscalía General de la República (FGR), una entidad autónoma del Ejecutivo, lo comprometió desde febrero al entregar un cheque por 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que eran producto de un litigio ganado a la empresa Telra Reaty, por un fraude cometido al Infonavit en el sexenio de Enrique Peña.
Aunque la idea original era rifar el avión presidencial -que no había sido vendido conforme el interés del Presidente- y luego cambió a un sorteo por el equivalente del valor de esa aeronave, nada del dinero obtenido servirá para pagarlo.
Ni un solo peso de la rifa será utilizado para solventar la compra, manutención y resguardo del avión presidencial, que está varado sin una oferta sólida de compra, a 21 meses de haber salido al mercado.
Por el contrario, el avión comprado por Felipe Calderón a través de un contrato de arrendamiento entre Sedena y Banobras, por más de 6 mil millones de pesos, sigue consumiendo dinero del erario.
Hasta ahora se han pagado ocho anualidades por 2 mil 255.8 millones, y se han gastado 487 millones de pesos en combustible, refacciones, inspecciones, almacenamiento, seguros, viajes y salarios de personal que le da mantenimiento.
A estas alturas, aún se deben unos 3 mil 838 millones de pesos para solventar el costo total del avión TP-01.
