Un juez federal descongeló por tiempo indefinido las cuentas de Libre Abordo, una de las dos empresas mexicanas que fueron sancionadas por Estados Unidos, tras descubrirse que habían negociado la reventa de petróleo venezolano con el régimen de Nicolás Maduro.
Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus activos al considerar que esta medida precautoria no cumple con los requisitos legales.
En principio, el juez estimó que el bloqueo de las cuentas no está acompañado de una solicitud de una autoridad internacional reconocida por los tratados, excepción que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los congelamientos, informaron fuentes judiciales.
Si bien negó a la compañía la suspensión definitiva contra actos de dos directores de Procesos Legales de la UIF, el juez también la concedió para que en específico pueda disponer de sus recursos en las cuentas bancarias, precisa la información consultada.
El 18 de junio del presente año la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, así como a otras 11 personas físicas o morales, con el bloqueo de cualquier bien en ese país y la prohibición para hacer negocios con ellas.
De acuerdo con el organismo del Departamento del Tesoro, las empresas y personas incluidas en esta «lista negra» pactaron revender 30 millones de barriles de petróleo venezolano, a cambio de surtirle a ese país 210 mil toneladas de maíz y mil camiones cisterna.
Los estadounidenses también señalaron al empresario Joaquín Leal, asesor en dichas empresas, de estar relacionado con el empresario colombiano Alex Saab, cercano a Maduro, para negociar la reventa de los hidrocarburos en nombre de la petrolera estatal venezolana.
Recientemente, un juez de Guanajuato también le desbloqueó las cuentas a Leal, aunque en su caso de manera provisional. Está pendiente que el impartidor de justicia se pronuncie con respecto a si ampliará esa protección judicial.
Otros de los involucrados, como Verónica Esparza García, copropietaria de las dos empresas mexicanas, no han logrado descongelar sus activos a través de sus demandas judiciales.
En mayo, Libre Abordo anunció su quiebra tras registrar pérdidas «irreversibles» por 90 millones de dólares y cientos de empleos con motivo de las sanciones estadounidenses.
