El Comité Mexicano de Ciencias Históricas (CMCH), asociación que junto a especialistas de diversas instituciones solicitó al Archivo General de la Nación (AGN) revisar la legalidad de una subasta de documentos históricos que llevó a cabo el pasado 8 de septiembre la Casa Morton, propone establecer un programa de monitoreo para detectar, con anticipación, casos de patrimonio documental mexicano puesto en venta alrededor del mundo.
A principios de este mes, el AGN promovió acciones legales contra la subastadora y quienes resulten responsables por la comercialización de probable Patrimonio Documental de la Nación, como una carta de 1810 en la que el cura Miguel Hidalgo llama al Coronel Narciso de la Canal a unirse a la causa independentista, cuyo lote finalmente fue retirado, y también denunció, de la mano del INAH, la venta desde la firma neoyorquina Swann Auction Galleries de un manuscrito signado por Hernán Cortés.
Prevista para mañana, esta última subasta, según hizo público la empresa estadounidense (REFORMA, 10/09/2020), no incluirá el documento en cuestión, presuntamente sustraído del Archivo General de la Nación, lo mismo que el de Hidalgo.
Ante estos casos, y el de documentos pertenecientes al Archivo del Sagrario Metropolitano de la Catedral de México que también buscó subastar la Casa Morton en julio pasado, fueron los historiadores quienes advirtieron la oferta de los mismos. Y fue a partir de estas alertas que las autoridades emprendieron acciones legales.
«Propondría, en coadyuvancia con el Archivo General de la Nación, una red de monitoreo de subastas a nivel internacional en la que trabajen archivistas e historiadores y, a la par, un programa de respeto y protección al patrimonio documental», detalla el presidente del CMCH, David Vázquez, quien también dirige El Colegio de San Luis.
«Estamos (los historiadores) en el día a día, somos los que vamos a los archivos, consultamos expedientes y, si tenemos una duda, pedimos otra vez el mismo expediente y, de pronto, ya no está el documento. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay un saqueo permanente», explica el también arqueólogo e historiador.
No se sabe cuánto dinero representa este mercado, una de las tareas pendientes por indagar, advierte.
El propio director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, ha reconocido la complicidad del personal adscrito a la institución en el saqueo de documentos que se desprenden con «perfección extraordinaria», mediante navajas o cuters, de legajos cosidos, para no dañarlos y proceder a su venta.
El sugerido programa de monitoreo, de carácter interinstitucional, no se limitaría solamente a las subastas, sino también a la oferta de documentos en establecimientos, añade Vázquez.
«Las ventas se dan de manera cotidiana no sólo a través de las subastas, de las que nos enteramos porque las publicitan -hay mucha comercialización que no se publicita-, sino también en las casas de antigüedades encontramos documentos. Valdría la pena tener un registro de instituciones subastadoras o casas de antigüedades para poderlas monitorear», expone.
Se requiere, asimismo, reforzar el trabajo de catalogación al interior de los archivos, señala, algo a lo que incluso ha llamado la propia Morton, casa que, según ha indicado, se limita solamente a ser un intermediario entre particulares, ponderando la transparencia de las operaciones de compra-venta.
«Si alguien sustrae un documento que no trae el sello, el ex libris de la biblioteca o del archivo propietario: ¿cómo acreditar la propiedad? Mientras no se acredite la propiedad no se puede establecer una demanda con toda la firmeza», apunta el presidente del CMCH.
Y es que los rezagos en la catalogación, advierte, hacen vulnerables los archivos, sobre todo municipales o eclesiásticos.
Según indica la legislación vigente en la materia, la venta ilícita de este tipo de documentos obedece a su procedencia de acervos públicos, pues materiales de archivos privados sí son susceptibles de comercialización. No obstante, el particular habrá de notificar por escrito al AGN la enajenación para que éste manifieste en un plazo de veinte días hábiles su interés de adquirirlo, contando con derecho preferencial.
Patrimonio religioso, el más vulnerable
Aunque los saqueos en archivos nacionales de carácter histórico afectan en general a todo el patrimonio documental, el más solicitado en el mercado ilegal suele ser el relacionado con la historia religiosa, como también ocurre en el ámbito de la comercialización de arte sacro.
«Hay un mercado de arte religioso: vírgenes, santos, exvotos, etcétera, y añádale los registros parroquiales, cartas y libros, porque a veces las iglesias tenían también bibliotecas, es posible que algunas con incunables. Y esto ha sido lo más demandado, porque están vinculados el documento, el libro y el arte», puntualiza Vázquez.
Trabajar en una cultura de protección del patrimonio documental implica trabajar con los estudiantes que se forman en disciplinas como la historia o la archivística y con el público en general, pero también con empresarios, considera el especialista.
«(Hay que) hacerles saber cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones y concientizarlos sobre la importancia que tienen para el País documentos de este tipo», señala el titular del CMCH, también especialista en historia social y cultural.
En general, es posible que un conjunto de coleccionistas demanden y compren documentos de ciertos periodos o temáticas históricas y personal de las instituciones archivísticas se involucre en tal mercado, considera Vázquez.
«Cuando era arqueólogo me di cuenta que el tráfico de piezas arqueológicas podía tener dimensiones tremendas, y no descarto que el tráfico de documentos históricos pueda ser parecido; en un momento me tocó saber que algunas piezas arqueológicas iban a la venta internacional para financiar hasta movimientos sociales, movimientos armados en Centroamérica, en los años 90.
«(Ahora) estamos hablando de documentos muy importantes, muy valiosos en el sentido histórico, y puede ser que hubiera una red importante. No tengo testimonio de eso, pero no la descartaría».
Legislación
La legislación vigente reconoce como patrimoniales aquellos documentos considerados Monumentos Histórico, según las fracciones II y III del Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos.
II.- Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios y de las casas curiales.
III.- Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos 16 al 19 que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el País.
