Por Martín Espinosa
Los estados, sin dinero
Algunas entidades ya se pusieron las pilas y en lugar de dormirse en sus laureles trabajan para atraer inversiones a sus estados con el fin de compensar la falta de recursos que se agudizará para 2021
Bajo el argumento de que el actual régimen federal tiene que pagar el servicio de la deuda que adquirieron las administraciones pasadas, el presidente López Obrador ha negado, desde agosto pasado, más dinero en materia de “participaciones federales” a las entidades federativas y, con ello, la crisis para las finanzas estatales —principalmente las más pobres y endeudadas— comienza a recrudecerse de manera preocupante, sobre todo para el año próximo.
Luego de su encuentro con la alicaída Conferencia Nacional de Gobernadores a mediados del mes pasado, López Obrador afirmó que acordaron con los mandatarios estatales “ayudarles en la medida de lo posible”. Sin embargo, no se puede transferir más dinero a los estados porque la Federación tiene que “tapar los boquetes” que hoy día representa el monto de la deuda federal. Aclaró el titular del Ejecutivo que por ello ya no se les puede dar más dinero a la entidades, aseguró que a ninguna administración estatal se le deben recursos de las participaciones federales y garantizó que únicamente recibirán el cheque que por ley se les entrega mes con mes.
Sin embargo, destaca el caso de Zacatecas cuyo gobernador, Alejandro Tello, le recordó en esa pasada reunión que la Secretaría de Hacienda no le ha entregado una partida correspondiente a mil millones de pesos, los cuales serían destinados al sector de la Construcción.
Otro de los mandatarios estatales que ha sido combativo hacia la actitud del Ejecutivo federal es el michoacano Silvano Aureoles, quien el pasado lunes hizo un llamado al gobierno federal “para que no dé la espalda a los gobiernos estatales y municipales”, ya que la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, enviada hace dos semanas al Congreso de la Unión, “pone en riesgo la gobernabilidad del país” con la eliminación de apoyo y fondos para las entidades federativas el año próximo. Aureoles calificó de “trato cruel” lo que está haciendo el gobierno federal.
“La situación de Michoacán es terriblemente preocupante, pues además de la epidemia de salud que enfrentamos, está el grave derrumbe económico por el que atraviesa el país, el cual viene desde antes de la contingencia”, advirtió el gobernador michoacano.
Como botón de muestra de la nueva política federal, Michoacán tendrá, de aprobarse el paquete económico del año próximo tal como lo envió el ejecutivo al Congreso, una reducción superior al cuatro por ciento, lo que significaría un “recorte” de al menos cuatro mil 300 millones de pesos para atender las necesidades de la población que habita en los 113 municipios. Y así, el resto de las entidades.
Sin embargo, otras entidades ya se pusieron las pilas y en lugar de dormirse en sus laureles trabajan para atraer inversiones a sus estados con el fin de compensar la falta de recursos que se agudizará para 2021.
Tal es el caso de Yucatán, cuyo gobierno sigue atrayendo inversiones para generar empleo. Hace unos días se inauguró la Planta Progreso de Cementos Fortaleza, de la firma Elementia, ejemplo de la consolidación de inversiones generadoras de oportunidades para la población del estado. En su construcción y operación dicha planta producirá 450 fuentes de empleo, tanto directas como indirectas. A pesar de los efectos de la pandemia por este nuevo coronavirus, se espera en los próximos meses una reactivación de la economía estatal que ayude a hacer frente a los recursos federales que, como ya lo advirtió el presidente López Obrador, serán menores a los de otros años.
El gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal, recordó otra muestra de los “motores” que ayudarán a hacer frente a la crisis. Hace unas semanas se inauguró la segunda planta de Wood Genix, empresa a nivel mundial de origen chino-estadunidense, la cual invirtió mil 360 millones de pesos. También hizo el anuncio de la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán, en el que capital privado va a invertir alrededor de dos mil 200 millones de pesos con una estimación en la generación de empleos de cuatro mil puestos laborales durante su edificación y más de mil para su operación.
