La Suprema Corte de Justicia aceptó resolver, en definitiva, si la construcción de las torres de departamentos Be Grand Universidad afecta el estatus de Ciudad Universitaria (CU) como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La Segunda Sala de la Corte aceptó hoy, por unanimidad, la solicitud de un tribunal colegiado de circuito para atraer la revisión de la sentencia dictada en septiembre de 2019 por un juez federal, que amparó a la UNAM contra las autorizaciones otorgadas por el Gobierno local para el proyecto
La Corte consideró que el caso tiene importancia jurídica excepcional, pues le permitirá pronunciarse sobre el alcance de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, ambos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En marzo de 2018, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas concedió a la UNAM una suspensión definitiva, que ha mantenido paralizada la construcción de una torre de 23 pisos y otra de 27 a unos metros de los límites del campus de CU sobre Avenida Copilco, inmueble en el que solo se han permitido obras de mitigación.
Guzmán consideró que el Estado Mexicano tiene obligaciones internacionales para proteger todo lo relacionado con la declaratoria emitida por la UNESCO, en 2007, entre ellas, la densidad poblacional y altura de los inmuebles cercanos a CU.
El 30 de septiembre de 2019, Guzmán dictó sentencia de fondo en la que concedió el amparo a la UNAM, y ante la impugnación de la empresa Be Grand, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa acordó en diciembre solicitar a la Corte ejercer su facultad de atracción.
Ni el juzgado ni el tribunal colegiado publicaron sus sentencias, por lo que se desconocen los argumentos para otorgar el amparo, aunque lo más probable es que el juez retomó las consideraciones de la suspensión definitiva en cuanto a la prevalencia de los tratados internacionales, sobre los permisos otorgados por autoridades locales.
El trámite del caso en la Corte se estancó por la pandemia de Covid-19, que paralizó los procesos entre marzo y julio, y una vez atraído el recurso de Be Grand, pasarán algunos meses para que la Sala dicte la sentencia final, que difícilmente será discutida en lo que queda de 2020.
