Por Raymundo Riva Palacio
Desquiciaron a Andrés Manuel
Desquiciar es una palabra que se escucha fuerte, pero para la argumentación en esta columna es precisa. Desquiciar es cuando una persona pierde su seguridad y la serenidad, se trastorna su ánimo y se enoja sobremanera. Y desquiciamiento es lo que provocó Jaime Cárdenas en el presidente Andrés Manuel López Obrador con su carta de renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, donde habló de corrupción en la llamada cuarta transformación y, posteriormente, en una entrevista con René Delgado en Reforma, identificó a la fuente de sus males: Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente.
Con este tema arrancó López Obrador su mañanera el jueves, dedicándole una perorata descalificadora a Cárdenas y quejándose de la normatividad, con ese espíritu expresado varias veces de querer desaparecerla. Ciertamente, es un instrumento que todos odian en el servicio público, pero fue establecida en el gobierno de Miguel de la Madrid para frenar los abusos dentro del gobierno. El autor intelectual fue Samuel del Villar, quien diseñó la cruzada por la Renovación Moral para ir limpiando la corrupción de arriba hacia abajo.
Un país añejamente corrupto como México y tan dado a las triquiñuelas, no es fácil de limpiar, como lo sabemos. Pero la lucha contra la corrupción desde el punto de vista moral no es nuevo, sino idea de Del Villar que, por si alguien no lo sabe, fue procurador general de Justicia del entonces Distrito Federal, bajo el mando de López Obrador. La normatividad que detesta el Presidente es lo que defendió Cárdenas hasta lo imposible, al punto en que renunció antes de ser cómplice, como sugiere en Reforma, de Esquer. López Obrador, por su reacción, no esperaba que Cárdenas exhibiera la corrupción, antítesis de lo que presume el Presidente.
Esquer fue señalado como el funcionario que, cuando menos, solapó actos de corrupción en ese instituto, cuyos funcionarios robaron patrimonio e hicieron negocios, lo que impactó debajo de la línea de flotación de López Obrador, al surgir ese fenómeno lacerante al que ataca como un mal del pasado, en su despacho. La corrupción que dice aborrecer, cohabita con él en su casa y oficina.
Su secretario particular ya ha sido señalado por actos, al menos, ilegítimos. Su hija Carmelita fue nombrada en agosto del año pasado como directora de Pemex Procurement International, que adquiere insumos para la empresa, que promedian mil 500 millones de pesos al año. Carmelita, que no tenía experiencia alguna en ese campo, fue nombrada por otro tabasqueño íntimo de López Obrador desde hace más de 30 años, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex. No obstante, nada sobre Esquer había sido tan contundente como lo que señaló Cárdenas.
Un reporte en Eje Central –para efectos de transparencia, soy uno de sus 22 socios– reveló que Esquer y el director de la Lotería Nacional –que será el reemplazo de Cárdenas–, Ernesto Prieto, fueron varias veces a un almacén en Toluca donde guardaban objetos que ya habían sido subastados, y se los llevaron sin hacer los registros a los que obliga la ley, con el argumento de que se necesitaban para la pandemia, y que le quitaron a la Marina un yate en comodato en Acapulco, con el pretexto de que iban a venderlo –lo que no sucedió.
Sin mencionar a Esquer, el Presidente hizo una apasionada defensa de él, y buscó cubrir con una capa de humo las imputaciones directas de corrupción, señalando como “sublimes” –así calificó– todas las acciones para comprar equipos médicos, subastas o la rifa de premios vendidos como si fuera para jugar por el avión presidencial. Sin embargo, cada vez más se acumulan pruebas de corrupción no sólo en su gobierno, sino en su entorno más cercano, sin que haya acciones para impedirlo y sí, muchas palabras para acallarlo.
Por ejemplo, a la recepción de dinero ilícito por parte de su hermano Pío, que no ha sido investigada, se sumó otra revelación en Eje Central: José Ramiro y Martín, otros dos de sus hermanos, fueron mencionados en una de las denuncias penales contra el empresario Valdemar Ibarra Cavazos, señalado por haber entregado “millones de pesos” derivados de operaciones ilícitas al abogado Juan Collado. La denuncia se entregó en la Fiscalía General el 16 de julio del año pasado, una semana después de que fue detenido Collado por presunta triangulación de recursos provenientes de la delincuencia organizada, pero sobre los hermanos del Presidente la investigación también está congelada.
López Obrador lleva 22 meses en la Presidencia, y los señalamientos de corrupción en su entorno han aparecido de manera prematura, en comparación con otros presidentes. En este espacio se publicó, en 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que a su hermano Raúl le decían Mr. Ten Per Cent, que era la forma como lo describían empresarios a quienes supuestamente les exigía 10 por ciento de comisión para apoyarlos en negocios que querían emprender. Aquí mismo se publicó unos 19 meses después de haber iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, las quejas de empresarios por la corrupción en su administración.
Si uno observa las imputaciones a su primer entorno, se entiende la reacción de López Obrador, porque los señalamientos de Cárdenas pegaron por debajo de la línea de flotación de su pretendida honestidad. Es muy malo que el Presidente, en lugar de apurar a la Fiscalía General a que actúe verdaderamente, como siempre pide cuando no le afecta a él, eluda con palabras responder el fondo de las cosas. Pero es peor, mucho peor, que se haya desquiciado –por el poder autoritario que por diseño ejerce la Presidencia– y que este jueves haya metido en la misma caja todas sus fobias y odios para ocultar lo que cada vez es más evidente: en su gobierno, la corrupción corre a mayor velocidad que en anteriores sexenios. Frente a esta realidad, lo único que resta esperar son represalias.
