CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Romero Deschamps recurrió a un amparo para impedir que Pemex informe cuánto dinero ha pagado al ex dirigente petrolero entre 2019 y lo que va de 2020.
Aunque ya no tiene relación laboral con la empresa petrolera y renunció a la dirigencia sindical, el priista tramitó y obtuvo el pasado 7 de septiembre una suspensión judicial para bloquear la entrega de la información.
La Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) establece que el ex dirigente percibe 39 mil pesos brutos y que tiene un puesto de “clasificación pendiente”, pero -debido al amparo- se desconoce si tiene otros ingresos.
Oficialmente, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) reportó que Romero Deschamps tramitó su jubilación después de dejar el sindicato en octubre de 2019.
Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador del Frente Nacional Petrolero y aspirante a la dirigencia del STPRM, dijo que el estatus laboral del ex dirigente es desconocido por los agremiados.
“Terminando su gestión como secretario general nacional, él tenía que regresar a trabajar a su puesto o pedir las vacaciones que le corresponden de todos los años que fue secretario general. Hasta donde yo sé, no se ha jubilado”, dijo el disidente.
De cualquier modo, consideró que Romero Deschamps no debería gozar de una jubilación hasta aclarar las acusaciones de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos del gremio y otros relacionados con la delincuencia organizada.
La información sobre lo que paga Pemex al ex líder sindical fue solicitada vía Transparencia por un ciudadano, pero la maniobra legal impidió a Pemex otorgar la información.
Al menos desde 2014 el INAI ha insistido en hacer público lo que Romero Deschamps ha recibido de Pemex.
Ese años, Pemex se limitó a responder que el también ex senador es un trabajador con nivel tabular 28 (equivalente a motorista) con planta de sindicalizado.
Romero Deschamps dejó su cargo como secretario general de manera anticipada, pues el último periodo para el que fue reelecto concluye en 2024.
Se renuncia ocurrió después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Durante su gestión, el sindicato pasó por alto sus obligaciones de transparencia y no subió ninguna información a la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que mereció que el Instituto le aplicara sanciones económicas que no han sido pagadas.
