CIUDAD DE MÉXICO.-Una extensa red de al menos 45 empresas fantasma son investigadas por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y Estados Unidos que fueron utilizadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en sexenio de Peña y por la alcaldía del PAN en Benito Juárez.
Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.
Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en «accionista» de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.
En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público José Alfonso Gómez Tamez.
«Desarrollo Comercial Lexir», otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias en San Pedro y Monterrey, para el líder del Cártel de los Los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, detenido en el 2015.
Otros vecinos de Irene en la colonia Valle Verde, -todos adultos mayores- también fueron convertidos en «empresarios» sin que ellos tuvieran conocimiento.
Cuauhtémoc, de 84 años, aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.
Todos residen en viviendas de la calle Espátula en la colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que eran empresarios hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.
La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvieron una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas.
Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la Ciudad de México.
Al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina.
También facturaron a dependencias gubernamentales de gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.
La delegación Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar a dos o más empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual diputado y vicecoordinador de la bancada en San Lázaro.
