La Suprema Corte de Justicia revisará si es constitucional la reforma para exentar de la Ley de Adquisiciones las compras que realice el gobierno por medio de organismos internacionales.
Publicada el 11 de agosto, la reforma fue aprobada para que las compras consolidadas de medicamentos se lleven a cabo a partir de 2021 por medio de la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS, por sus siglas en inglés).
La Corte recibió el 17 de septiembre una acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores de oposición, que alegan que la adición de un párrafo al artículo primero de la Ley de Adquisiciones viola los principios del artículo 134 de la Constitución sobre eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.
En paralelo, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y la la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar la reforma, al igual que al menos nueve empresas del sector salud.
Hasta ahora, ningún juez federal ha concedido alguna suspensión que ponga en riesgo la compra por medio de UNOPS, que entre agosto y septiembre difundió, como primera fase del proceso, una solicitud de información a proveedores.
El presupuesto de 2021 prevé 90 mil 572 millones de pesos para compra de medicamentos, y justifica recurrir a la ONU porque en México «prevalecen los intereses comerciales» que encarecen dichos bienes.
El párrafo que se agregó a la Ley de Adquisiciones dice: «Queda exceptuada de la aplicación de la presente ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución».
