Por Leo Zuckermann
El aborto como ejemplo del conservadurismo de AMLO
Tenemos un gobierno federal que se autodenomina como liberal de izquierda. En diversos temas de la agenda social, es puro taco de lengua. En realidad se comportan como unos conservadores de buena cepa. Me refiero a asuntos como la legalización de la mariguana recreativa, los derechos igualitarios de la comunidad LGBTTTIQ y, sobre todo, el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.
Al momento de escribir estas líneas hay un par de manifestaciones de mujeres en la Ciudad de México que, precisamente, están demandando esto. Con toda razón, están muy enojadas. ¿Cómo es posible que este Presidente, con la holgada mayoría que tiene en el Congreso, no haya legalizado el aborto en toda la República como un derecho constitucional?
Muy sencillo: porque no le conviene políticamente. Sabe que, en el fondo, este tipo de reformas progresistas son populares en un lugar liberal como la Ciudad de México, pero no en el resto del país, donde el electorado es más conservador. El propio López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno de la capital, nunca quiso dar este paso. Fue su sucesor, Marcelo Ebrard, quien se atrevió a darlo produciendo una reacción en varios estados que, con el abierto apoyo de la Iglesia católica, prohibieron el derecho de las mujeres a abortar en las constituciones estatales.
Si Andrés Manuel López Obrador realmente fuera un liberal progresista, procedería a federalizar el aborto legal y gratuito en todo el país. Tiene, insisto, los votos en el Congreso para hacerlo. Sospecho que no sólo lo mueve la política, sino que él mismo no está convencido de que las mujeres deban tener ese derecho. Siempre se sale por las ramas. Cuando estaba en campaña, decía que la despenalización del aborto era “un debate que no debemos abrir” y proponía una consulta ciudadana “para no imponer nada”.
Bueno, pues ni dicha consulta, aunque sea una patito, como la del aeropuerto de Texcoco o la cervecera en Mexicali, ha organizado.
En los hechos, que es lo que importa, ha demostrado ser un conservador, como esos que tanto critica desde el púlpito presidencial.
Yo, como liberal, respeto la posición conservadora, pero estoy a favor de legalizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo y ejercerlo de manera gratuita.
En el tema del aborto se contraponen dos derechos. Por un lado, el del feto a vivir y, por el otro, el de la madre a hacer lo que más le convenga con su cuerpo. No está fácil equilibrarlos. Por eso resulta fundamental definir un criterio que trate de respetar tanto los derechos del feto como los de la madre.
Científ icamente, es imposible saber cuándo empieza la vida humana. Esto es indiscutible. Y como no sabemos, el asunto de la interrupción del embarazo se torna complicado y debatible. Hay quienes piensan que la vida comienza al momento de la concepción, una postura, insisto, respetable. Tan respetable como la de los que creen que es cuando el cerebro del feto funciona o la de los que consideran que es hasta el momento en que la criatura puede sobrevivir fuera del vientre materno.
¿Quién tiene la razón? ¿Cómo resolver el misterio de cuándo empieza la vida? ¿Debe ser el Estado el que lo defina?
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha tratado de equilibrar los derechos del feto y la madre. Los ministros de ese país determinaron que, durante el primer trimestre, las mujeres pueden abortar sin que el Estado pueda prevenirlo o prohibirlo. El plazo de noventa días se debe a que, científicamente, el feto no puede sobrevivir fuera del útero. Todavía no es un ser humano viable.
Una vez superado el primer trimestre, la Corte permitió que los gobiernos estatales impusieran restricciones o prohibiciones absolutas. A muchos no les convencerá esta “solución”. Sobre todo a aquellos que piensan que la vida comienza desde la concepción. Pero ésa es una creencia personal sin validez científica. ¿Por qué quieren imponer esta cuestión de fe a los demás? ¿Acaso su moral es superior?
Yo creo que cada uno, de acuerdo con sus creencias morales y/o religiosas, debe tener el derecho a decidir si abortar o no. El Estado no debe prohibirlo y tiene que proveer este servicio de manera gratuita en los hospitales públicos, por lo menos durante el primer trimestre del embarazo.
