Sus nombres figuran como empresarios que recibieron apoyos millonarios del Gobierno federal para proyectos de innovación y tecnología, pero ellos ni enterados.
REFORMA localizó a “accionistas” y “representantes legales” de varias compañías fantasma, que se constituyeron robando datos personales y fueron beneficiarias del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), para preguntarles sobre los proyectos financiados, pero ninguno sabía del tema.
Es el caso de Maribel, ama de casa con domicilio en la Colonia Metroplex, de Apodaca, que apareció como representante legal de la empresa SP Sultana.
“Ay, seguramente… Ella es ama de casa y yo soy obrero”, intervino su esposo al ser cuestionada Maribel sobre el tema.
En esa empresa aparecieron como socios Ernesto, de oficio albañil y vecino de la Colonia CROC, en Monterrey, y su esposa San Juana, que vende comidas.
En la misma situación están Ofelia -que dijo ser ama de casa y no conocer la empresa Vital Redes y Telecomunicaciones, donde aparece como socia- y Mirna, accionista involuntaria de FG Tecnología en Sistemas Avanzados.
“¿Y no hay un problema con eso?”, inquiere Mirna preocupada. “Porque sí es mi dirección, sí son mis datos, pero no sé ni de qué sea”.
José Martín, vecino de la Colonia Moderna, aparece como accionista en Pascal Desarrollos.
Sin embargo, su esposa señaló que él trabaja en el Mercado de Abastos.
En otro caso, Irene y Virginia, ambas de 77 años y vecinas de la Colonia Valle Verde, aparecen como accionistas en Desarrollo y Servicios Integrales Praxe.
“Yo soy señora viuda y me dedico a la costura”, dice Virginia sin saber qué es el Prosoft. “Ahorita estoy arreglando unos vestidos”.
