Por Raymundo Riva Palacio
La (suprema) corte de los milagros
Tan digno que hubiera sido para la Suprema Corte de Justicia de la Nación decir al presidente André Manuel López Obrador: no necesita una consulta popular para llevar a juicio a cinco expresidentes; lo que requiere es que la Fiscalía General inicie un proceso judicial y que el gobierno haga su trabajo. En cambio, decidieron seguir el juego del Presidente y optar por el circo sobre la justicia, alegando varios ministros que era un avance de la democracia, cuando en realidad le pegaron un tiro de gracia a la democracia al convertir el Poder Judicial en la caja que resuelve las necesidades políticas de López Obrador. No lo hicieron de manera letal, pero encontraron una puerta de salida para salvar cara al Presidente y que, conforme a la ley, le permite saciar su deseo: la consulta va, pero con otra pregunta.
La pregunta planteada por López Obrador en su solicitud de consulta fue señalada por varios ministros como inconstitucional, por lo que deberán formular una nueva que no atente contra los derechos humanos de los expresidentes, acorde con el artículo 35, que señala que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”. La pregunta que quería López Obrador para la consulta, en palabras del ministro Alberto Pérez Dayán, era “tendenciosa” y emitía “juicios de valor”, con lo cual se minaba la presunción de inocencia y el debido proceso.
Ahora los ministros le darán la vuelta y reformularían la pregunta, lo que no excluye que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este jueves, sienta el precedente que los derechos humanos pasarán a ser un tema de las mayorías y las minorías, o de qué político o partido moviliza más gente a consultas populares para defender sus intereses y pretensiones. La Corte rodeó el artículo 35 en una sesión penosa, por el comportamiento de varios de los ministros, y lastimosa, por como actuó la mayoría. La estrella al principal ministro ignominioso se le coloca sin dudar al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
Zaldívar, que tomó el primer uso de la palabra, cuando el presidente de la Corte lo hace al final, votó a favor de la consulta con un argumento eminentemente político, no jurídico, y soslayó por completo que la responsabilidad del gobierno, si considera que hay violaciones a la ley, debe proceder, y no esperar que sea la sociedad la que le exija que cumpla con su trabajo. Peor aún, aclaró que el resultado de la consulta no debería ser obligatorio para que ejecuten los deseos populares las fiscalías o los poderes judiciales. Está clara su posición. Bienvenido el circo, porque la justicia puede esperar.
En su largo alegato justificativo que su postura abona la democracia, en realidad le dio un tiro a la democracia. Los derechos humanos de los expresidentes, para él, valen menos que los derechos humanos de la gente, al interpretar el artículo 35 constitucional como no violatorio de los derechos humanos, porque no rige la “política criminal”. Su posición fue tramposa al vincular las dos variables, sobre la base de su propio récord. Zaldívar se comió sus palabras de cuando desarrolló la doctrina sobre el efecto corruptor en el caso Cassez, donde dijo que la exposición mediática alteró su debido proceso e influyó en los jueces, minando la presunción de inocencia de la francesa.
En su argumentación, el 23 de mayo de 2013, en la sesión sobre Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada, Zaldívar afirmó: “De nada sirven estos derechos –la presunción de inocencia y el juicio justo–, cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”. A Zaldívar no le pareció que en el caso de los expresidentes, López Obrador los haya sentenciado en el atril mañanero de Palacio Nacional como responsables de todos los males que aquejan a México, tanto por corrupción –porque no los hizo presuntos– como por daños a la nación –las políticas públicas no son motivo de juicios penales como quisiera–, y haya influido previamente en la posición de los ministros.
Ayer, dijo lo contrario: la consulta no afectará la decisión de los jueces, porque el Poder Judicial es maduro. Las presiones de López Obrador horas antes de celebrarse la sesión, en el sentido que si el fallo era contrario a sus deseos, de cualquier manera haría la consulta y enviaría una iniciativa de ley para modificar el 35 constitucional, tampoco fueron razón para que se pronunciara sobre la independencia de un poder del Estado, como es el Judicial. No extraña su postura, porque Zaldívar se ha convertido en el instrumento de Palacio Nacional para respaldar las decisiones y acciones del Presidente, quien por esa razón lo impulsó a la presidencia de la Corte.
El hipergarantismo que encabezó Zaldívar durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasó a ser un entreguismo en el de López Obrador. El sofismo fue la característica en la sesión donde decretaron constitucional la consulta propuesta por el Presidente, pero a la que le enmendarán la pregunta. “Ignorar la ley escrita es la nueva normalidad de la Corte”, comentó un constitucionalista. “Vivimos una crisis de Estado de derecho, de igual magnitud a la económica, de seguridad y sanitaria”.
Los ministros le regalaron un lavamanos a Poncio Pilatos, y le permitirá a López Obrador mantener el dicho de que él no quería enjuiciar a los expresidentes, al tiempo que abre la puerta a la justificación para que por la vía de la ‘exigencia’ popular concrete su espíritu vengativo disfrazado de mandato popular. En buena hora está nuestra Corte de los milagros, operando no como uno de los tres poderes del Estado, sino como ramificación pusilánime del Ejecutivo.
