Detrás de la iniciativa de extinguir fideicomisos está la intención de usar discrecionalmente fondos federales a capricho del Presidente, coincidieron expertos y legisladores de Oposición.
Con la extinción de 109 fideicomisos, indicaron analistas, los 68 mil millones de pesos de esas bolsas pasarán de un manejo con deficiencias en transparencia a uno que quedará en control total del Mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Además, se ponen en riesgo proyectos con fines científicos, de infraestructura, reconstrucción, asistencia social, entre otros.
«Los programas que sustentan los fideicomisos quedarán en una situación de incertidumbre porque las dependencias encargadas de cumplir con estas obligaciones van a depender solamente del presupuesto», consideró Sarahí Salvatierra, investigadora de Fundar.
Mario Correa, subdirector del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, comentó que con la extinción se perderán las reglas de su funcionamiento y quedará pendiente saber cómo cumplirá el Gobierno con esas metas.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que el martes, cuando el Pleno de San Lázaro vuelva a discutir el dictamen, alcanzarán el quórum necesario para sesionar, luego de que el jueves pasado no lo lograron.
El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la extinción pondría en riesgo ejercicios como el Parlamento Abierto, a pesar de que la sociedad civil y especialistas demandaron conservar esos espacios.
La fracción de Movimiento Ciudadano advirtió que de aprobarse la eliminación de fideicomisos se abriría la puerta para que se fomente la práctica de dádiva y castigo. «Aunque perfectibles, los fideicomisos tenían reglas de operación», destacó.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que los fideicomisos en cuestión son controlados por la Secretaría de Economía, Hacienda, de Gobernación y de Energía, y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el uso de esos fondos dependen enteramente de los titulares de dichas dependencias.
«Los recursos que se encuentran en los fideicomisos actualmente son fiscalizables; la Auditoría Superior de la Federación ha puesto especial énfasis en las figuras jurídicas constituidas como fideicomisos, mandatos y contratos análogos.
«De acuerdo con los Informes del Órgano Fiscalizador, desde el inicio de su gestión se han realizado 582 auditorías a estas figuras administrativas», destacó.
