El riesgo de corrupción en las compras públicas es mayor cuando se privilegian los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida debido a que estos permiten altos márgenes de discrecionalidad, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al dar a conocer el estudio «Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente», Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del Instituto, indicó que los procedimientos que deberían ser la excepción se han vuelto la regla y el año pasado, de cada dos pesos gastados en compras públicas, uno se hizo sin licitación de por medio.
«Vemos esta tendencia creciente en adjudicación directa en procesos de excepción y, una vez más, este es un motor que es utilizado por las redes de corrupción, ya que es más fácil dar un contrato a una empresa con la que ya hubo un arreglo o desviar a una empresa fachada dinero a través de procesos que no tienen competencia», señaló.
REFORMA publicó este miércoles que, de acuerdo con el estudio del IMCO, las adjudicaciones directas crecieron en el primer año de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del último del sexenio de Enrique Peña, al pasar de 34.9 a 38.9 por ciento, lo que significó gastar 125 mil 951.2 millones de pesos sin licitación.
Manuel Molano, economista en jefe en el Instituto, dijo que adjudicar directamente un contrato no significa necesariamente que exista corrupción pero, cuando se tiene un patrón, es necesario que se levanten las banderas rojas y debe llamar la atención de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
«Normalmente, estos problemas ocurren porque hay quien explota el sistema, estas fallas del sistema de contrataciones actual inhibe la libre competencia. Y, otra vez, me regreso a cuál es la meta del IMCO con estas cosas, nosotros no queremos señalar ni a personas específicas, ni a funcionarios específicos, ni a empresas, ni a partidos políticos, lo que nos interesa es que esto se corrija, porque esto afecta a todos los mexicanos», señaló.
Valeria Moy, directora del IMCO, dijo que el País requiere ser competitivo y una manera de incentivar esto es que las compras públicas lo sean.
«El IMCO quiere dar lineamientos, quiere dar ideas, quiere dar propuestas de cómo hacer un País más competitivo y uno de los caminos, sin lugar a dudas, es a través de la competencia», enfatizó.
Fernanda Avendaño, investigadora del Instituto, consideró que es necesario hacer reformas legislativas para acotar las circunstancias por las cuales se puede evitar una licitación y transparentar las razones que llevan a ello.
«El IMCO propone reducir y limitar los motivos por los cuales es posible exceptuar la licitación pública, la ley, ahorita, tiene más de 20 fundamentos para exceptuar una licitación pública y estas causales son laxas, subjetivas y ambiguas, por lo que la propuesta es revisarlas, acotarlas, para que no haya esta subjetividad y ambigüedad», dijo.
