Los casos de cohecho internacional que se han registrado en México, como el de la empresa brasileña Odebrecht, han sido sancionados en otras naciones, como en Estados Unidos, sin que en el País aún existan castigos contra los responsables, advirtió Transparencia Mexicana.
En un comunicado en el que dio a conocer el informe sobre corrupción transnacional, «Exportando Corrupción 2020», la organización ciudadana indicó que en el periodo 2016-2019 México no ha sancionado ningún caso por cohecho internacional.
«Entre 2016 y 2019, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero», señaló.
«Los cuatro casos fueron sancionados en Estados Unidos, pero no se investigaron o sancionaron en México. Derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recuperaron más de mil millones de dólares por las sanciones impuestas a las empresas que operaron indebidamente en México y otros países».
El nuevo informe sobre cohecho internacional analiza la situación en 47 países que concentran el 80 por ciento de las exportaciones mundiales y en los cuales de 2016 a 2019 se abrieron 421 investigaciones y 93 casos, y se concluyeron 244 sanciones, de las cuales 125 fueron sanciones sustantivas
«Sólo cuatro de los 47 países analizados actúan de manera decidida contra el cohecho internacional y nueve países aplican con poca eficacia las leyes contra las empresas que pagan sobornos al participar de operaciones comerciales o de inversión en el extranjero. Casi tres cuartas partes de los países (34 de los 47 países analizados) actúan poco o nada en casos de cohecho internacional; México es uno de ellos», indicó.
Los pocos resultados de México, indicó Transparencia Mexicana, contrastan con el compromiso público de la actual Administración federal por combatir la corrupción, abatir la impunidad y pese a un nuevo marco legal
«Es necesario que los casos identificados sean investigados y sancionados, los recursos ilegales confiscados y el daño a las víctimas reparado de manera apropiada», subrayó.
