Con la extinción de los fideicomisos científicos y el presupuesto para ciencia y tecnología más bajo en una década, el sector de investigación científica enfrentará su peor año en 2021.
Para el siguiente año el presupuesto para ciencia e innovación será de 179 mil 257 millones de pesos, su peor monto en una década, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Al considerar la función de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ramo 38 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el presupuesto transversal del Anexo 12, el gasto destinado a la estas funciones caerá al nivel de 2012, cuando se erogaron 177 mil 586 millones de pesos.
Con esto se acumularán 7 años de incumplimiento del compromiso de invertir por lo menos 1 por ciento del producto interno bruto en ciencia y tecnología, luego de que 2014 se integró a la Ley Ciencia y Tecnología dicha obligación
Además, desaparecerán 26 fondos de centros de investigación por un valor de 785 millones de pesos y 25 fondos del Conacyt por 24 mil 956 millones de pesos.
El año 2021 será uno de mayor precariedad para el sector de la investigación en México, advirtió Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav y miembro de ProCiencia.
«Va a aumentar la precariedad con la que ya se viene trabajando. Se quitan los recursos de los fideicomisos, no hay certidumbre sobre su devolución y no hay señales que en el presupuesto 2021 se vaya a resarcir. Nos van a dejar en una situación muy grave financieramente hablando», indicó.
Los fideicomisos, recordó, son una figura distinta al presupuesto para atender las necesidades científicas.
El presupuesto fiscal debe de cerrarse generalmente en septiembre, por lo que no permite gastos inesperados a finales de año ni tener certeza de recursos para proyectos transexenales.
Además, muchos recursos son autogenerados, provienen de fuentes privadas u organismos internacionales, por lo que no existe derecho de expropiarlos, comentó Maldonado.
Por el lado de la baja inversión en el sector, señaló que ningún gobierno ha cumplido la obligación de invertir 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología, lo que sigue limitando el desarrollo del país.
Según el CEFP, en el contexto de la crisis sanitaria y sus secuelas, la instrumentación de políticas en materia de ciencia y tecnología resultan esenciales para impulsar las actividades productivas y educativas del país, tanto como elevar la capacidad y la calidad de los servicios sanitarios.
