Un tribunal federal anuló, por segunda vez, el convenio concursal con el que la empresa Oceanografía pretendía salir de su quiebra.
Armando Cortés Galván, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Civil, revocó la aprobación del convenio para reestructurar deudas por más de 14 mil millones de pesos, otorgada el 24 de septiembre de 2019 por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil.
El magistrado Cortés ordenó al Juzgado decidir si continuará el proceso de concurso en la etapa de quiebra, que fue declarada en agosto de 2016, lo que llevaría a reiniciar la liquidación de activos que aún tuviera la empresa, para saldar lo que se pueda de sus deudas.
La naviera de servicios petroleros, proveedora habitual de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante años, entró a concurso mercantil a principios de 2014, luego de ser intervenida por el Gobierno por un presunto fraude de más de 7 mil 500 millones de pesos contra Banamex, que hasta ahora no ha sido probado.
En su nueva sentencia, Cortés resolvió que el convenio, que incluye una quita de 96 por ciento sobre el monto nominal de la deuda, no contó con la aprobación mayoritaria de acreedores comunes, como ordena la Ley de Concursos Mercantiles.
El error del Juzgado fue asumir que los acreedores que habían aprobado un convenio previo en 2017, en automático estaban de acuerdo con la nueva propuesta que presentaron el síndico de la quiebra, Sergio Hermida, y el dueño de la empresa, Amado Yáñez.
Sin embargo, el nuevo convenio tenía «diferencias sustanciales» con el primero, resolvió el magistrado el 6 de octubre, por lo que debió ser aprobado de nueva cuenta por la mayoría necesaria de acreedores.
«Aun cuando se afirma que el nuevo convenio es sustancialmente igual al presentado con anterioridad, en tanto que estipula el mismo mecanismo de pago y el mismo porcentaje de quita para los créditos comunes y los subordinados, lo cierto es que no resulta jurídico presumir que, ante la falta de oposición expresa de los acreedores que suscribieron la propuesta anterior, deba entenderse que aceptarán el nuevo convenio con las modificaciones sustanciales ya precisadas», sostuvo.
El convenio también fue anulado porque alteraba la prelación legal, es decir, el orden de preferencia en que se deben pagar las deudas, entre otras razones.
En la propuesta anulada, los buques de servicios petroleros con que aún cuenta Oceanografía, que eran 40 en 2019, pasarían a un fideicomiso controlado por los acreedores, y una vez que se obtuvieran nuevos contratos con Pemex se iría pagando la deuda pendiente, pero no se sabe hasta ahora que existan dichos contratos.
Algunas deudas no entraban en la quita de 96 por ciento, entre ellas, 400 millones de pesos y 10 millones de UDIS que se deben a Pemex, que se pagarían con supuestas «cuentas por cobrar» con la empresa estatal, y 617 millones de pesos que se deben a un fideicomiso en Autofin.
Otras deudas que siguen pendientes, generadas antes del inicio del concurso, incluyen 162 millones de UDIS con el Servicio de Administración Tributaria y 224 millones de UDIS con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
