Por José Buendía Hegewisch
Fideicomisos y el “caso Dreyfus”
El combate a la corrupción del gobierno de López Obrador en el caso de la extinción de los fideicomisos evoca el famoso “caso Dreyfus”, que dividió a la sociedad francesa de la época y reveló las profundas fracturas a su interior. El discurso oficial para sentenciar su desaparición, más allá de explicaciones técnicas, destila prejuicios políticos que descalifican a académicos, investigadores o científicos como sectores afectados en el trabajo de ciencia o tecnología por esa medida, además de periodistas, defensores de derechos humanos o víctimas de la violencia.
La justificación del gobierno y de Morena sobre su cancelación revela, otra vez, una decisión tomada con una opinión previa y tenaz sobre algo que conocen mal, cuando necesitan generar una percepción desfavorable hacia esos sectores productivos para convencer de sus propósitos. Así ocurrió también en el “caso Dreyfus” con una sentencia judicial por alta traición de un militar francés que, al final, se convirtió en un símbolo de inequidad en nombre de la razón de Estado. En efecto, la Cámara de Diputados aprobó eliminar 109 fideicomisos y el Presidente lo justificó con una sentencia sumaria contra “gente sin escrúpulos, vivillos, corruptos” y hasta “grandes personalidades” que se “roban el dinero de todos los mexicanos”. Ante las protestas y críticas de instituciones de educación superior, universidades y tecnológicos, la respuesta fue la acusación de corrupción para predisponer una mala opinión en su contra, como ya ha sucedido con otros gremios de la prensa y hasta de la salud.
La narrativa oficial contra los fideicomisos es quitar una aduana de opacidad en el manejo de recursos públicos que se han manejado sin supervisión alguna y que, en muchos casos, han servido de “cajas chicas” para funcionarios y autoridades. Hasta ahí, poco que objetar. Pero la retórica de descalificación presidencial termina, como en el “caso Dreyfus”, por polarizar entre defensores y opositores de los fideicomisos. No es difícil probar, como ha hecho la organización civil Fundar, que muchos se usaron con discrecionalidad y sin rendición de cuentas. Pero la necesidad de desacreditar poco tiene que ver con la transparencia y, por el contrario, deja ver el trasfondo político en el combate a la corrupción y la impermeabilidad a la crítica. Y peor aún, la existencia de núcleos antiintelectuales y que desdeñan la ciencia y el conocimiento en la sociedad, dispuestos a aceptar que sean discriminados.
El lenguaje divisorio alcanza su punto álgido con el ataque del Presidente porque “defender fideicomisos es defender la corrupción”, como cuando los tribunales franceses se negaban a revisar el proceso de Dreyfus como una traición a la Tercera República, aunque, en el fondo, lo que había era una sentencia de corte antisemita y nacionalista. El mensaje va dirigido al Senado, que deberá aún votar su desaparición, y a los gobernadores de oposición que amagan con llevar un juicio de inconstitucionalidad a la SCJN, por si hiciera falta demostrar la politización del combate a la corrupción como arma arrojadiza contra la crítica o los contrarios.
Pero las diatribas sobre estos actos de purificación pública dejan fuera de los lavatorios a los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, entregados a la buena fe de los militares y que pueden disponer, sin mayores restricciones, bajo el argumento engañoso de que son menos vulnerables a la corrupción. En el fondo, un doble rasero respecto a los fideicomisos públicos, como muestra de la cada vez mayor influencia castrense en la administración civil. La lealtad y la obediencia son las razones que subyacen a la entrega a los militares del combate a la corrupción en lugares infestados, como aduanas y puertos, a costa de las instituciones civiles encargadas de atacar las tramas con una estrategia sistémica. El Ejército conserva fideicomisos con recursos mayores a los 65,000 millones, que suman los 109 que se pretende desaparecer.
Entre tanto, las instituciones de transparencia o anticorrupción se mueven sin agenda contra la corrupción —como dijera un candidato al INAI, Javier Santiago— en las zonas de mayor riesgo, como las adquisiciones públicas o escándalos de gran calado —como Odebrecht— de cohecho trasnacional. México, según Transparencia Internacional, es uno de los países que no sanciona este delito, a pesar de su fuerza corruptora de empresas y funcionarios públicos. A cambio de ello, se sanciona a la crítica o a inconformes con el fuego de la polarización.
