Por Sergio García Ramírez
Y ahora, fideicomicidio
A falta de ilustración, ocurrencias: no tenemos despotismo ilustrado, sino ocurrente. En las recientes hazañas del poder vernáculo figura el fideicomicidio. Se arroja más prole al escenario de los problemas. La amenaza estaba en el aire. En algún momento pareció alejarse, como la tormenta que cambia de rumbo. Sin embargo, hubo quien tronó los dedos y quienes atendieron el chasquido con un movimiento reflejo.
El fideicomiso es una figura jurídica que sirve a objetivos legítimos, con cierta autonomía y razonable dotación de recursos, sujetos a escrutinio. Como otros instrumentos, opera bien en manos competentes y honorables. Si no, pues no. Entonces hay que cambiar de manos, no de instrumento. En días pasados —¡ay, el “pasado maldito” colmado de culpas!— quedaron en vilo numerosos fideicomisos públicos destinados a tareas relevantes en áreas primordiales: ciencia, arte, salud, cultura, migración, deportes, asistencia social. Los recursos de aquéllos provienen de fuentes públicas, y en ocasiones también de aportaciones privadas nacionales o extranjeras. Así cumplieron sus objetivos en beneficio del país, trabajando con relativa autonomía frente a las instancias del gobierno central, ávido de poder y sediento de fondos.
En nuestro tiempo incierto —cuyo curso se administra desde un oráculo matutino— los ojos del poder se dirigieron a los fideicomisos. Miraron en esa dirección para procurarse recursos. Previamente, el gobierno agotó, con gran diligencia y escasa transparencia, los fondos destinados a enfrentar contingencias: fondos a los que un alto funcionario llamó nuestros “guardaditos” o “ahorritos”. Lo que habíamos guardado salió de sus arcas y fluyó con destinos tan controvertidos como la famosa refinería de Dos Bocas. Fauces insaciables que devoran recursos que debieran destinarse a la salud pública, donde ya son catastróficas las cifras de fallecimientos por Covid-19.
Los motivos aducidos para el apoderamiento de aquellos fondos fueron la corrupción en su manejo y el desvío de su destino. Por ello se aplica el rifle fideicomicida. Decisión tan “sensata” como lo sería suprimir secretarías de Estado si se sospechara que en alguna de ellas hay un pícaro consumando entuertos. Erradicación de una enfermedad por eliminación de los potenciales enfermos. Lo sensato hubiera sido —pero la sensatez está en receso por pandemia política— analizarlos uno a uno y sancionar a los infractores, también uno a uno. Hasta donde sabemos, esto no ha ocurrido. En cambio, se procedió a la extinción masiva de fideicomisos públicos. Acabemos con todos —se proclama— para extirpar las corruptelas. Como si se dijera: eliminemos a la población para extinguir la peste.
Nada detuvo a la operación fideicomicida. No valieron los razonamientos de los rectores agrupados en la ANUIES y los argumentos de numerosos académicos, cuya debilidad consiste en saber de lo que están hablando y prever lo que se avecina. Tampoco se oyó a los padres de familia, científicos, artistas, deportistas y ciudadanos comunes que acudieron a la Cámara de Diputados, podio de la guillotina. A éstos y a otros opinantes se les llamó —con gran cordialidad democrática— defensores de ladrones. De nueva cuenta florecieron el desprecio y la ira que están minando el cimiento moral de nuestra democracia. La nación padecerá las consecuencias de esta medida. Irrumpe en ámbitos que libraban una batalla de subsistencia. Ya había ocurrido en el campo de varias instituciones de ciencia y cultura. Las semillas germinan. ¿Qué cosecha levantaremos?
