Por Pascal Beltrán del Río
La BlackBerry del general
El 1 de octubre de 2014, Héctor Beltrán Leyva, líder de un grupo delictivo que había formado con sus hermanos, comía con Germán Goyenechea Ortega, un empresario y activista ambiental.
Era miércoles, 2:30 de la tarde. En el restaurante de mariscos Mario’s, de San Miguel de Allende, no había otros comensales, sino esos dos hombres. Repentinamente y sin sobresaltos, entró en el lugar un comando del Ejército y los detuvo. En la acción no se realizó un solo disparo.
Héctor, apodado El H, había heredado el mando del Cártel de los Beltrán Leyva, luego de la muerte de su hermano Arturo, a manos de las fuerzas especiales de la Armada, en Cuernavaca, en diciembre de 2009, y la captura de Carlos, unos días después, en Culiacán.
Para cuando fue aprehendido Héctor —quien moriría de un paro cardiaco en noviembre de 2018, mientras estaba preso—, la organización delictiva había perdido a tres de sus principales figuras: Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio; Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, detenidos todos en 2010.
El liderazgo del grupo delictivo recayó entonces en Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como El H-2. Originario del poblado de La Noria, en la zona serrana del municipio de Mazatlán, Patrón había sido miembro de Los Mazatlecos, un grupo de sicarios al servicio de los Beltrán Leyva, liderado por Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, por cuya captura el FBI ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.
El H-2 lideró lo que quedaba del grupo de los Beltrán Leyva entre octubre de 2014 y febrero de 2016, cuando fue abatido por la Armada en un espectacular operativo en Tepic.
Es decir, es en ese lapso de 16 meses que habría colaborado con él y le habría dado protección —de acuerdo con la DEA— el general Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces secretario de la Defensa Nacional, detenido el jueves pasado al arribar al aeropuerto de Los Ángeles.
En la acusación se dice que la organización, liderada por Patrón Sánchez, distribuyó “miles de kilos” de diversas drogas en EU mediante sus células en seis estados de ese país, y cometió “actos horroríficos de violencia, incluyendo tortura y muerte, para protegerse de grupos rivales”.
Cienfuegos habría recibido sobornos —igual que “otros funcionarios del gobierno mexicano”— a cambio de su ayuda, que incluyó no realizar operativos contra El H-2 y sus socios, al tiempo de afectar a grupos rivales, informar sobre investigaciones estadunidenses contra el cártel y asistirlo en el transporte marítimo de la droga.
La acusación dice basarse en la intercepción de “miles de mensajes de BlackBerry”, incluyendo algunos “directos” entre Cienfuegos y Patrón.
Si bien es cierto que se puede documentar que la organización de El H-2 no sufrió de hostigamiento por parte del Ejército en el lapso referido, la información que contiene el legajo penal número 19-366 del encausamiento de Cienfuegos ante la corte del distrito este de Nueva York hace necesario plantear varias preguntas como ¿cuándo ocurrió la “captura de comunicaciones” de la que se habla?
¿Fue antes o después de que el general secretario acudiera a Washington, en junio de 2017, para asistir a la toma de posesión del general Luis Rodríguez Bucio —actual comandante de la Guardia Nacional— como presidente de la Junta Interamericana de Defensa, o de que Cienfuegos recibiera el premio William J. Perry de Excelencia de Seguridad y Educación, en septiembre de 2018, en la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos?
Recordemos que desde 2013, año y medio antes de que fuera capturado El H en San Miguel de Allende, Edward Snowden, el especialista de la CIA y la NSA que huyó a Hong Kong y luego a Moscú, había revelado la capacidad de las agencias estadunidenses para interceptar comunicaciones de funcionarios extranjeros, incluso de jefes de Gobierno como la alemana Angela Merkel.
