Pozos y minas rudimentarias en condiciones deplorables, trabajadores sin el mínimo equipamiento, incumplimiento de los protocolos sanitarios COVID-19, incapacidad de las autoridades del trabajo y de salud para realizar inspecciones, coyotaje, falsedad de información y una avalancha de ilegalidades y abusos retornan a la Región Carbonífera de Coahuila.
En la antesala de una programada visita del Presidente López Obrador a la zona, comenzaron a aflorar las pruebas de la regresión al pasado que generan los manipulados pedidos entregados por la Comisión Federal de Electricidad a carboneros locales, en un proceso nebuloso que ha generado más problemas y riesgos que soluciones.
Bajo la conducción de Manuel Bartlett Díaz, la CFE autorizó contratos de suministro a 53 empresas locales, a las que supuestamente revisó en conjunto con la Secretaría de Economía para asegurar su completa legalidad, lo que supuestamente permitiría poner fin a la deshonestidad que ha caracterizado a la industria local del carbón.
Sin embargo, de acuerdo con conocedores de los yacimientos, no existe en la región esa cantidad de minas en condiciones de suministrar el carbón y las autoridades de Economía, excusándose en la desaparición de la Subsecretaría de Minería, han retrasado la entrega de las coordenadas que permitirían corroborar la localización.
En respuesta a una solicitud hecha al amparo del derecho a la información, sí respondió la Comisión Federal y los datos proporcionados reafirman las irregularidades que se denunciaron con anterioridad, a partir de la simulación de empresas, entre otros, por el senador Armando Guadiana Tijerina y la dirigente de MORENA Tania Flores Guerra.
Una revisión realizada por carboneros disidentes muestra que, de las 53 empresas listadas y supuestamente revisadas por la Comisión Federal, únicamente 12 están en condiciones de cumplir con todos los requisitos legales y principalmente la normatividad en materia de protección laboral, con el adicional de las medidas establecidas bajo la pandemia.
Para el resto se suman las irregularidades legales y operativas, no obstante las cuales muchas entraron en operación con pozos y minas rudimentarias, en que los trabajadores no han sido dotados del mínimo equipo de seguridad y laboran en condiciones precarias.
Es el caso, por ejemplo, de dos cuevas de arrastre que explota la empresa CARKIM, cuyos pedidos suman más de 22 millones de pesos y en que los obreros cuentan con precarias instalaciones, trabajan sin equipo de medición de gas, incluso sin botas de seguridad, sin autorrescatadores, en túneles sin adecuados sistemas de ventilación, carecen de las reglamentarias salidas de emergencia y no se aplica el polvo inerte preventivo de un incendio, entre otra suma de irregularidades.
En esas condiciones, la CFE bajo la conducción de Manuel Bartlett lejos de dar un paso hacia la legalidad, desaparece los avances en materia de control logrados en la última década y revive las viejas conductas rayanas en la esclavitud, que han sido la causa principal de la larga lista de siniestros y muertes en la industria mexicana del carbón.
Denunciantes locales, quienes solicitaron confidencialidad por temor a represalias, señalaron que esos problemas se agravan aún más ahora por la política de recortes presupuestales del Gobierno Federal, que ha desmantelado en este caso las delegaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En los hechos, la Secretaría de Economía y la propia CFE dejaron totalmente al margen a la STPS en el manejo de los pedidos, desestimaron sus recomendaciones y la subdelegación regional cuenta actualmente con solo 4 inspectores activos. Con mínimo presupuesto y equipamiento, no tienen capacidad para corroborar las condiciones operativas de los yacimientos, que contra toda norma ya embarcan carbón hacia Nava.
