San Juan de Sabinas, Coah.- “¿Qué le vamos a hacer?, tenemos que llevar comida a la familia y orita aquí es el único jale; es lo que sabemos hacer y pues le entramos, no hay de otra”, responde José Juan, trabajador de una de las cuevas reabiertas en la Región Carbonífera cuando se le pregunta el por qué aceptan laborar en condiciones precarias, sin equipo mínimo y bajo riesgo constante por la inseguridad en las instalaciones.
Como otros miles, José quedó sin opciones de trabajo cuando por una parte la Comisión Federal de Electricidad decidió apagar 7 de las 8 calderas de sus dos Carboeléctricas en Nava, a fin de cancelar los contratos de compra con la empresa MICARE y con otras mineras de la Región Carbonífera, a la vez que MIMOSA cerró minas y plantas por la baja demanda de Altos Hornos, puesta en virtual situación de quiebra por el Gobierno Federal.
Llena de riesgos, la mina rudimentaria en que aceptó trabajar José es una de las pequeñas a las que, aduciendo una política gubernamental de “justicia social”, la Comisión Federal de Electricidad otorgó pedidos por volúmenes que en una operación regulada y bajo normas no podrían cumplir.
La decisión, adjudicada a Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, obedeció a las publicaciones que denunciaron el acaparamiento de pedidos a través de empresas simuladas por parte de personeros cercanos al partido MORENA, principalmente el senador Armando Guadiana Tijerina, y la familia de la dirigente Tania Flores Guerra, como otros carboneros locales que crearon empresas al vapor o falsearon información.
A pesar de que la modificación en la lista de pedidos para evitar acaparamiento habría dejado fuera de adjudicación al senador Guadiana, de acuerdo con información local coloca el carbón de sus minas a través de empresas como Operadora Industrial Minera, que firmó el contrato CFE-0700-ADAAN-0038-2020 por un monto de 16.5 millones de pesos.
Adicionalmente, según señalaron productores locales con anterioridad, los precios de compra fijados por Bartlett y su equipo no consideran los costos reales de la industria y dejan de lado aspectos como las obligaciones de remediación ambiental, reposición de equipos y una utilidad razonable para el empresario, y tampoco demuestran mínima preocupación por las condiciones de trabajo en las minas.
Ante la urgencia de ofertar una reactivación en plena campaña electoral, sobre la marcha se disminuyeron algunas obligaciones en favor de los carboneros que se resistían a firmar los contratos, pero se mantuvo la precariedad del negocio, cuyas utilidades ahora se basan en el incumplimiento de las medias básicas de seguridad operativa, con un alto riesgo para los trabajadores por falta de equipo de protección e instalaciones improvisadas.
Un recorrido por pozos y cuevas de arrastre que han comenzado a trabajar en la zona mostró que ninguna cumple con todos los requisitos básicos de seguridad, entre los principales un adecuado sistema de ventilación con soporte en caso de falla, protocolo y salida de emergencia, polveo inerte en túneles, a la vez que utilizan equipos que por su obsolescencia y desgaste representan en si mismos un riesgo.
Se comprobó también que solo dotan a los trabajadores con los elementos mínimos necesarios para asegurar la producción, como picos, palas y herramientas de mano, pero no les entregan elementos de seguridad indispensables como botas con protección o autorrescatadores y las improvisadas instalaciones de servicio son antihigiénicas, sin baños ni regaderas, carecen de agua potable para beber y no cumplen los mínimos requisitos de control de la pandemia de COVID.
En resumen, señalan ambientalistas y activistas locales, la reanudación de la actividad carbonífera se da en un contexto que semeja las condiciones de inicios del siglo pasado, con negocios basados en la explotación del trabajador que ante la falta de opciones se ve obligado a afrontar los riesgos para conseguir mínimo sustento.
Imposibilitada por sus carencias presupuestales y de personal, la Secretaría del Trabajo no tiene capacidad para frenar la avalancha de irregularidades y como señalan los propios trabajadores, “a veces vienen, revisan, dictan medidas, pero se van y las cosas siguen igual o peor, porque los encargados nos acusan de soplones y nos corren hasta sin pagarnos”.
A su vez, las autoridades estatales y municipales, que por las facultades de protección civil podrían clausurar centros de trabajo inseguros, se mantienen tradicionalmente al margen, se movilizan únicamente cuando hay un siniestro y ahora se cobijan en que fueron dejadas totalmente de lado por la CFE y la Secretaría de Economía.
Igualmente, frente a la gravedad de la pandemia de COVID-19, los servicios de salud aducen que por falta de información no pueden realizar inspecciones de control a minas que operan sin ningún tipo de protocolos de protección y representan peligrosos focos de contagio.
