La Comisión Reguladora de Energía (CRE) congelará los trámites o permisos a proyectos eléctricos de la iniciativa privada, tras la suspensión que otorgó la Corte al decreto de política de confiabilidad del Sistema Nacional Eléctrico, dijeron especialistas.
Claudio Rodríguez Galán, socio de la práctica de Energía de Thompson & Knight, dijo que con la decisión se suspende la política de confiabilidad eléctrica de forma definitiva hasta que se resuelva de fondo el asunto, lo que podría tardar uno o dos años.
«La política está en una congeladora… desafortunadamente, como estamos en un Gobierno que no respeta el Estado de Derecho, lo que hará es continuar con lo que hemos visto: el congelamiento de permisos diferentes por parte de la CRE.
«También manifestaciones expresas de los comisionados diciendo que resuelven conforme a las instrucciones del Presidente, la política ideológica buscando frenar el desarrollo de México, el desconocimiento absoluto del beneficio económico-social-ambiental de las renovables, y el uso político de la energía para fines electorales de 2021», expuso Rodríguez.
La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional fue publicada el 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener), pero la Cofece lo impugnó por considerar que invade atribuciones y daña la competencia del mercado eléctrico.
Rosanety Barrios, especialista del sector energético, comentó que la suspensión es un reconocimiento de que se está violando la Constitución al implementar la serie de medidas que tienen implementadas y que buscaron darle un fundamento legal.
«El intento de detener todo, sin cambiar la Constitución y sostenerlo de una política pública era legalmente imposible.
«El problema es que hay un Gobierno que, de manera previa e independiente a esta política, estaba violando el marco legal al no otorgar permisos, todo eso lo tenemos y no parece que lo vayan a corregir (…) y no hay fundamento legal, es una posición ideológica».
José María Lujambio, abogado especializado en energía, dijo que la política ordenaba a la CRE y al Cenace realizar ciertas acciones, pero con la suspensión de la Corte los órganos deberían seguir ejerciendo sus funciones de manera «normal».
Pero ello no es un incentivo para regularizar los trámites que se tenían pendientes.
«Es claro que los comisionados se han negado a resolver en sesiones del órgano de Gobierno asuntos que están terminados y que los titulares de las unidades les envían, proyectos de resolución que están ahí durmiendo desde hace muchos meses», señaló.
Ayer, la CRE envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el acuerdo con el que se abrogan dos que daban atribuciones a las unidades de electricidad e hidrocarburos para modificar o dar permisos y dejar esta función al órgano de Gobierno.
