Por Daniel A. Fernández García
Pactos
Bien se dice que dentro de lo malo siempre hay algo bueno. En días pasados, la discusión respecto del Convenio de Coordinacóon Fiscal, al cual pueden adherirse las entidades federativas así como determinar su abandono, ha tomado una enérgica y colectiva bravura, por parte de los gobernadores que conforman la denominada Alianza Federalista.
Cómo habría de suponerse, esto no tiene nada de bueno, es más, yo considero que es de las peores cosas que pueden pasar dentro de un estado-nación como lo es México. El tema ha causado opiniones divididas; sin embargo, dentro de los aspectos buenos que salen a relucir en estos tiempos inciertos, se encuentra el hecho de que hoy más que nunca, los principios que consagra nuestro máximo ordenamiento jerárquico se encuentran en boca de todos quienes pretenden garantizar el cumplimiento de lo que se merece en todo Estado de Derecho.
Es dentro de este aspecto bueno donde se logran esclarecer todas las luchas o desacuerdos, y también la inviabilidad de acciones que en ocasiones parecieran tener el carácter de capricho o de meramente de ocurrencias.
En ese entendido, ante la coyuntura actual que se vive, con base en la letra viva que es la Constitución, vale la pena precisar, primero, la distinción existente en los discursos de las partes involucradas; y es que, por un lado, se habla de un pacto fiscal, y por otro, se menciona al pacto federal, si bien temas distintos, relacionados entre sí.
El pacto federal, se refiera a la organización política del Estado mexicano, actualmente establecida en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, desde 1824, con gran influencia de nuestro paisano, Miguel Ramos Arizpe, instaura el acuerdo nacional de unión del pueblo mexicano a constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, ejercido a través de los Poderes de la Unión. Salir de él es, no sé si imposible, pero antipatriótico sin duda.
Por otra parte, el pacto fiscal se refiere al convenio firmado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las entidades que soliciten su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece la Ley de Coordinación Fiscal que, en suma, establece la distribución del gasto público por parte de la federación.
Caso muy distinto al anterior, ya que su naturaleza de convenio y un precepto encontrado dentro de la misma Ley, permite a las entidades hacer uso de su libertad y soberanía para dar por terminado dicho el convenio de adhesión.
Ahora bien, lo que está en cuestión por parte de los gobernadores de la Alianza, es la forma de distribución que se le da a dichos recursos, pues consideran que de la bolsa común parte un reparto inequitativo en relación a las aportaciones realizadas por sus Estados.
Por ello es que han solicitado una nueva revisión al pacto fiscal para llevar a cabo las reformas legales correspondientes y emprender así un nuevo capítulo en la distribución del gasto público federal; y han señalado que de no llevarse a cabo, someterán dicho tema a consulta popular -tema que podría ocuparnos en una siguiente columna- solo que ahora con la finalidad de establecer una postura soberana sobre la permanencia, o no, en el convenio.
Esta el debate sobre si existen restricciones, o no, para llevar a cabo una consulta respecto de dicha materia, lo cual pudiera considerarse como algo bueno, llevar documentada la voluntad del pueblo hacia la toma de decisiones de carácter público es lo idóneo; pero al mismo tiempo resalta el hecho que quienes hoy gobiernan -en el orden federal- traen consigo la idea de gobernar para una cierta mayoría, pero que no le quita el hecho que sean unos cuantos.
Reciban un saludo, muchas gracias.
Nos leemos la siguiente semana.
@Dan_Fdz
