Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona a las empresas de outsourcing, cuyas prácticas ha considerado de «coyotaje» y tráfico de influencias, su Gobierno ha asignado contratos millonarios con esquemas de subrogación.
Los contratos suman unos 5 mil millones de pesos asignados a una docena de compañías dedicadas a ese esquema de subcontratación laboral.
Bajo el esquema han sido contratadas 29 mil personas, principalmente para operar los programas prioritarios del Presidente, como el Programa de Precios de Garantía que controla Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) -antes Diconsa y Liconsa-.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detectó más de 50 contratos que entre 2019 y 2020 ha asignado el Gobierno federal a empresas de outsourcing, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos.
Tan sólo en 8 de las mayores asignaciones a empresas de outsourcing, el Gobierno subcontrató para este año a 28 mil 800 empleados que ofrecen sus servicios para programas sociales de la Secretaría de Educación, Segalmex, Banco del Bienestar, financiamiento rural, vivienda y cultura.
La mayor subcontratación se dio a través de la empresa MZT Corporativo Ejecutivo S.A. de C.V., que en septiembre de 2020 obtuvo una asignación por hasta 310 millones de pesos para emplear un máximo de 21 mil 107 agentes de aprendizaje del programa Prepa en Línea.
En 2019, el Banco del Bienestar pagó 408 millones de pesos a cuatro empresas de este tipo, y en lo que va de 2020 el monto se elevó a 463 millones.
«Se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing, ya que, al no contar con dichos servicios, el impacto negativo en lo social, económico y financiero sería muy alto», señala el contrato asignado por el Banco de Bienestar a la empresa KOM Business S.A. de C.V.
Segalmex, dependencia que agrupa a Liconsa y a Diconsa, tiene por subcontratación a 3 mil 600 empleados, mientras que la Secretaría de Cultura cedió a empresas de outsourcing la nómina de mil 600 de sus trabajadores, la mayoría de los programas Semilleros Creativos y Misiones por la Diversidad Cultural, enfocados en atender a comunidades rurales.
Los nuevos empleados del Gobierno no tienen garantizado empleo más allá del tiempo en que dure el acuerdo con la empresa de outsourcing. Son, de alguna forma, empleados temporales. Por ejemplo, a los trabajadores de Cultura se les contrató sólo por ocho meses.
Buscan regular, no suprimir
Hasta ahora no está programada la discusión de alguna iniciativa para reformar la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, aunque en los últimos años se han presentado hasta 31 propuestas, según un conteo de REFORMA.
La mayoría de los planteamientos busca regular el esquema de subcontratación de trabajadores, conocido como outsourcing, pero sin desaparecerlo. Esta semana, el Presidente López Obrador advirtió que presentará su propuesta para eliminar ese modelo, pero no dijo cuándo ni dio más detalles.
El outsourcing o subcontratación laboral es un esquema que permite a una empresa tener personal contratado a través de otra compañía. Es una actividad legal y la LFT la permite en su artículo 15-A.
Sin embargo, el Gobierno acusa que ese esquema se ha empleado para facturar nómina inexistente y evadir el pago de impuestos y contribuciones de los trabajadores.
