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Incumple Secretario de Morelos requisitos de residencia

Incumple Secretario de Morelos requisitos de residencia

El actual Secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, violó la Constitución del Estado al tomar el cargo sin acreditar la residencia mínima de tres años ininterrumpidos en Morelos, revelaron fuentes del Gobierno estatal.


De acuerdo con documentos oficiales, Pablo Ojeda nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1969.

En 2017 le fue expedida en Morelos una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) con domicilio Fraccionamiento Las Brisas, Código Postal 62584, en el Municipio de Temixco.

Fuentes del Gobierno estatal aseguraron que el domicilio con el que se dio de alta en el INE para que le fuera emitida esa credencial es propiedad de Hortencia Bravo Molina, madre del Gobernador.

No obstante, aún sin el requisito constitucional, la Dirección de Recursos Humanos de Morelos asignó a Ojeda el número de empleado 37700 y fue dado de alta en el IMSS el mismo 1 de octubre de 2018.

El nombramiento violó el artículo 75 de la Constitución de Morelos que establece que «para ser Secretario de Despacho se requiere ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, debiendo en este último caso, tener un mínimo de tres años de residencia en el Estado.

«Para tal efecto, no se considerará ininterrumpido ese plazo de residencia cuando la o las ausencias sumen un máximo de 120 días», establece ese artículo.

Ojeda se presentó en 2017 como abogado de Cuauhtémoc Blanco, entonces Edil de Cuernavaca. Desde entonces comenzó a rondar en Morelos.

En julio de 2018, antes de ser funcionario estatal, el PES – partido con el que ganó Cuauhtémoc Blanco la Alcaldía de la capital morelense y la Gubernatura- colocó a Ojeda como candidato a diputado federal plurinominal, tercero en la lista de circunscripción, sin que tampoco demostrara el arraigo en el Estado.

Esa candidatura no fue dada a conocer de manera oficial en Morelos.

En su presentación cuando asumió el cargo de Secretario de Gobierno se indicó que durante 18 años prestó asesoría jurídica mediante los despachos «Ojeda y Asali SC» y Consorcio de Litigio Estratégico», ambas con oficinas en la Ciudad de México.

En 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) señaló al despacho «Ojeda y Asali SC» de ser parte de una red de asociaciones utilizadas en el sexenio del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para presuntamente desviar recursos públicos.

Ojeda ha utilizado a integrantes de «Ojeda y Asali SC» para ser funcionarios estatales, tal es el caso de Mauricio Robles Cortés, nombrado su coordinador de asesores desde 2018.

Ojeda también había laborado en la Ciudad de México en la Secretaría de Gobernación, donde fungió como jefe de la Oficina del Secretario y coordinador de asesores en los tiempos de Fernando Gómez Mont.

Funcionarios de Morelos indicaron que Ojeda tiene oficinas en Polanco y su domicilio también en la Ciudad de México.

«Aquí en Morelos no le conocemos un domicilio, luego luego lo sabríamos, el que registró para sacar la credencial de elector es el domicilio de la mamá del Gobernador (Cuauhtémoc Blanco) en Fraccionamiento Las Brisas, pero no vive ahí», aseguró una fuente del Gobierno del Estado.

En junio se dio a conocer que Pablo Ojeda fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.

La denuncia con número de carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000451/2020 fue presentada por la UIF, que encabeza Santiago Nieto, el pasado 17 de marzo e involucra a las firmas Morales Inmobiliaria Dub y Ojeda & Asali, así como a las personas identificadas como Óscar Isaac Rodríguez Hernández, María Elena Moreno Trejo y Martín Ismael Meneses Barrañón.

«Dichas personas desplegaron una serie de conductas que consisten esencialmente en operaciones dentro del sistema financiero nacional, mismas que tiene su origen en el despliegue de conductas ilícitas y tienen como objetivo ocultar su origen, propiedad y destino frente a las diferentes autoridades del País», establece la denuncia de la UIF ante la FGR, aún vigente.

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