La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, aseguró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al primer año del Gobierno del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador confirman que el combate a la corrupción es una farsa.
Juárez recordó que tras un retraso de varios meses por la emergencia sanitaria, la ASF entregó el pasado 30 de octubre a la Cámara baja 487 informes individuales correspondientes al gasto público ejercido el año pasado por los tres órdenes de Gobierno.
Según los resultados de la Cuenta Pública 2019, afirmó, del monto total observado por 25 mil 748 millones de pesos, el 54.6 por ciento, es decir, 14 mil 47 millones de pesos, fue por falta de documentación comprobatoria.
El 8 por ciento de las observaciones, añadió, correspondieron a pagos improcedentes o en exceso, el 6.5 por ciento a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y el 4.9 por ciento a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias.
El 26 por ciento restante fue por otros conceptos.
La perredista destacó que del monto total observado, el 83.1 por ciento fue determinado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, el 13.2 por ciento a las revisiones del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el 3.7 por ciento restante a la distribución de las participaciones federales.
La coordinadora parlamentaria lamentó que en el caso del Gobierno federal la ASF no incluyera los programas y las obras emblemáticas de la actual Administración.
«Resulta preocupante que esta revisión del órgano de fiscalización no incluya los programas prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez, ni las megaobras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía.
«Estos son los programas y proyectos donde el Gobierno federal está destinando la mayor parte del presupuesto público, incluso en el marco de la emergencia sanitaria y de la crisis económica», recalcó.
Lo anterior, advirtió, no sólo contradice el supuesto combate a la corrupción, sino que coloca un manto de impunidad sobre estos programas y megaproyectos que son prioritarios del Presidente y que se están utilizando con fines clientelares rumbo a las elecciones de 2021.
Juárez alertó que una de las dependencias con el mayor número de observaciones es la Secretaría de Salud.
En parte, advirtió, esto obedece a la decisión presidencial de otorgar los contratos del sector sin licitaciones de por medio, lo que ha resultado contraproducente, porque en muchos casos se han entregado equipos a sobreprecio e inservibles y se ha generado desabasto de medicamentos.
De acuerdo con la ASF, de los 25 mil 748 millones de pesos que se deben aclarar en el primer año de este Gobierno, los fondos y programas del Sector Salud representan 80.76 por ciento, puntualizó la diputada.
La suma de tres programas del ramo, detalló, suman 20 mil 794.1 millones de pesos, siendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud el que resultó tuvo las mayores irregularidades, al no justificar 9 mil 536.6 millones de pesos.
El Seguro Popular, precisó, no pudo justificar el destino de 8 mil 499.6 millones, en tanto que el Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral tiene pendiente de aclarar 2 mil 667.9 millones de pesos.
La legisladora dijo que el Fondo de Gastos Catastróficos no debería de desaparecer sino hasta que se hayan solventado las irregularidades detectadas y el propio Fondo hubiese sido auditado.
También que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo, la renegociación de los famosos «contratos leoninos» costará más de 6 mil 800 millones de pesos, lo que evidentemente es un daño patrimonial que debe ser castigado.
«El Gobierno federal no sólo causó un daño irreparable a la población al aplicar una política de austeridad irresponsable en el sector salud e implementar una política fallida contra la pandemia; sino que ha hecho un uso poco eficiente y opaco de los recursos públicos», acusó.
Juárez sostuvo que la ineficiencia, la falta de transparencia y el despilfarro del erario también es corrupción y han costado vidas, lo acepte o no el Presidente López Obrador.
«La ineficiencia, la falta de transparencia y el despilfarro del erario también es corrupción y han costado vidas, lo acepte o no Andrés Manuel López Obrador».