Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, pieza clave en la «Estafa Maestra» ofreció convertirse en testigo protegido y revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI.
Fuentes del Gobierno Federal, confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal.
En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos.
También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la «Estafa Maestra», la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado.
Según la información recabada, el ex Oficial Mayor también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso.
La llamada «Estafa Maestra» fue un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado la Sedatu y la Sedesol suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos.
El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan.
Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado.
