La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha servido para apretar a algunos adversarios del Gobierno federal, pero no para sancionar a los cercanos.
La dependencia prácticamente exoneró a Pío López Obrador por lavado de dinero, y echó la bolita al Instituto Nacional Electoral (INE) que deberá determinar si hubo transferencias irregulares para campañas.
En otros casos, la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, ha congelado cuentas durante la actual administración.
Es el caso de Alejandro Quintero, ex directivo de Televisa vinculado al documental «El populismo en América», y de la agrupación Antorcha Campesina, quienes mantienen sus cuentas congeladas, lo que no ocurrió con el hermano del Mandatario.
Misma suerte han corrido Rosario Robles y las 50 empresas asociadas a la Estafa Maestra, mientras que en el caso de Pío todavía no hay certeza ni siquiera de que vaya a prosperar alguna sanción.
