Consejeros y partidos reprocharon a ciudadanos y morenistas las prácticas fraudulentas a las que incurrieron para lograr las firmas requeridas para la consulta sobre ex Presidentes, entre ellas, el recolectar 5 mil 530 firmas de personas fallecidas.
Incluso, algunos representantes partidarios demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) dar vista a las autoridades correspondientes por el uso ilegal de datos personales o suplantación de identidad.
Este miércoles, el Consejo General conoció el informe sobre la revisión de firmas para la consulta popular contra los ex Presidentes, la cual fue impulsada por ex alumnos de la normal de Ayotzinapa y acompañada por morenistas.
Estos entregaron 2 millones 737 mil 285 apoyos, pero en una primera revisión se descartaron formatos por carecer del número de credencial, firma o no estar en el formato legal, por lo que bajaron a 2 millones 538 mil 48.
Sin embargo, en una segunda revisión, al cotejar esas personas con la Lista Nominal, se detectaron 276 mil 677 registros inexistentes, 120 mil 902 apoyos repetidos y 99 sin huella o firma.
Además de que 23 mil tenían otras anomalías, como que 5 mil 530 firmas eran de personas fallecidas, 744 están en la cárcel o 619 estaban dadas de baja.
Al final quedaron 2 millones 116 mil 837 apoyos para la consulta, por lo que se entregaron al Senado para que pida a la Suprema Corte analizar su pregunta; de aprobarse, se tendría que realizar junto con la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue avalada por los Magistrados.
«Usar muertos es una práctica abominable de la democracia, suplantar personas. Hubo quienes contaminan un ejercicio de buena fe, al presentar apoyos fraudulentos, y creo que parte del descredito de la política se alimenta de estas prácticas corruptas», apuntó el consejero Ciro Murayama.
Recordó que, lamentablemente, la ley no establece consecuencias contra quienes cometen estas ilegalidades. E incluso, recordó, el 20 por ciento de las personas que fueron visitadas personalmente afirmaron que no firmaron, por lo que si aplicarán esa muestra al total, no hubieran cumplido con el requisito.
Los consejeros también recriminaron que la Cámara de Diputados no aprobarán los mil 500 millones de pesos para efectuar la consulta popular en agosto próximo.
«Hay que señalar que hoy el Instituto, luego de la aprobación del presupuesto por la Cámara de Diputados, está analizando los pasos que serán necesarios para poder generar las suficiencias presupuestales que permitan llevar a cabo este primer ejercicio», dijo el presidente Lorenzo Córdova.
Mientras que los partidos de Oposición insistieron en que dicha consulta no debería efectuarse, y más al no contar con presupuesto.
«Hoy estos métodos son pervertidos desde la institución presidencial al querer realizar una consulta popular, un capricho del Presidente. Pedimos que se dé vista a la autoridad de quién entregó esos registros fraudulentos, se falta a la ética ciudadana», apuntó el representante del PRD, Ángel Ávila.
En el mismo sentido se pronunció su homólogo de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro, quien demandó dar vista a la Fepade y al INAI, pues actos ilegales como ese no pueden quedar en la impunidad.
«No pueden dejar de lado que en esta compulsa de la muestra, una de cada cinco personas dijo no haber firmado, estamos ante la concreción del acompañamiento del capricho presidencial al que ni siquiera le dan presupuesto, estamos ante una incongruencia, una burla a la sociedad», agregó la representante del PAN, Mariana de Lachica.
