Por Ivonne Melgar
Tsunami feminista
Hace dos semanas el INE cimbró las estructuras machistas de los partidos al determinar que el derecho de la paridad en todo debía extenderse a la postulación de candidatos y candidatas para las 15 gubernaturas que se definirán en 2021.
Con el voto de nueve de sus 11 consejeros, el INE resolvió así darle cumplimiento a ese criterio establecido en la Constitución desde 2014, ya que las elecciones estatales de entonces a la fecha confirman la resistencia de los partidos a la igualdad en sus postulaciones: sólo 18 % recayeron en mujeres.
El dictamen, a cargo de la consejera Carla Humphrey, se sustentó en los artículos 35 y 41, es decir, en la reforma de paridad que en 2019 apoyaron los representantes de todos los partidos.
Bajo el argumento de que el INE invadió sus atribuciones, el Senado solicitó al Tribunal Electoral rechazar esta obligación de que cada logo o coalición partidista cuente al menos con siete candidatas a las gubernaturas.
También Acción Nacional se inconformó abiertamente. Morena prometió acatar la medida que consideró excesiva. PRI, PRD y PVEM asumieron. Movimiento Ciudadano guardó silencio. Pero, al final, todos le están echando montón a los consejeros electorales al no deslindarse del recurso institucional presentado por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez (Morena).
Así que pronto los siete magistrados del TEPJF tendrán que validar, eliminar o ajustar este lineamiento a un número menor de candidatas.
Ese fallo, sustentado en la ponencia que Janine Otálora expondrá a sus colegas Mónica Soto, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y el presidente José Luis Vargas, no estará exento de presiones.
Porque, más allá de la impugnación, existe en el Senado un reclamo hacia las legisladoras que apoyan este lineamiento del INE por parte de Ricardo Monreal, jefe de mayoría morenista, y de sus compañeros coordinadores del PAN, Mauricio Kuri; PRI, Miguel Osorio; PRD, Miguel Mancera, y Movimiento Ciudadano, Dante Delgado: cuando aprobamos la paridad total, hicimos el acuerdo de que ese todo tendría la excepción de las gubernaturas.
Porque si bien tienen diferencias terribles cuando se trata de seguridad, consulta popular o fideicomisos, en este tema los líderes parlamentarios cierran filas y alegan que las senadoras están incumpliendo su palabra y se dicen traicionados. Esa defensa masculina ha calado incluso en las más combativas feministas del Senado que sienten pena por la presunta falta.
¿Puede ese acuerdo colocarse por encima de la Constitución? Pregunté a ocho destacados conocedores de sus alcances, convocados este miércoles por el colectivo Mujeres en Plural para analizar el tema.
“Ojalá el Tribunal Electoral resuelva conforme a la Constitución”, sostuvo Maricarmen Alanís, expresidenta de ese órgano y para quien la violencia política contra las mujeres puede expresarse con el incumplimiento de las disposiciones jurídicas que reconocen sus derechos.
“¿Qué tiene que ver un acuerdo político con lo que dispone la Constitución? Es increíble que se pueda presentar siquiera como argumento (…) Les va a costar muchísimo, a los que tengan otras posiciones, escaparse de la textualidad del texto”, auguró el ministro en retiro José Ramón Cossío.
“¿El Tribunal se va a doblegar para cumplir los caprichos del patriarcado?”, cuestionó la exsubprocuradora y feminista Mariana Benítez.
“Tenemos siglos viendo cómo los hombres se ponen de acuerdo para repartirse el poder. No nos extraña que hablen nuevamente de un acuerdo”, reviró Patricia Olamendi, doctora en derecho y militante por la igualdad.
José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la UIA, alertó que los partidos no pueden perpetuar más la exclusión ni incumplir el mandato constitucional de que la representación pública debe darse en condiciones de paridad.
