La Cámara de Diputados pagará el triple de lo que hace dos años se presupuestó por el cambio e instalación de fachadas en cinco edificios de San Lázaro.
Por la asignación de dos obras a la empresa Interiorismo Corp S. A. de C. V., la Cámara baja pagará casi 145 millones de pesos por retirar comprimidos echados a perder y colocar nuevas estructuras.
La suma representa 90 millones de pesos más que lo calculado en 2018 por el mismo órgano legislativo.
Hace un año se pagaron 34.7 millones de pesos por el retiro de los comprimidos de «neocantera»; estos habían sido instalados hace un lustro, cuando el PRI fue mayoría en la 62 Legislatura.
Con la misma empresa, actualmente se instalan paneles de tablaroca y rellenos de unicel, que serán cubiertos con una pasta especial, para el sellado y acabo final, material que deberá resistir los efectos de la intemperie.
Los trabajos se realizan en los edificios D, E y F en San Lázaro, donde se ubican comisiones y oficinas administrativas, por un costo de 109.9 millones de pesos.
También se prevé colocar nuevos pretiles en los edificios A, C, E y G, los cuales rodean la plaza central del palacio legislativo.
Así, el derroche con las fachadas de los edificios de San Lázaro sumará, en un lapso de siete años, la cantidad de 206.7 millones de pesos.
La historia empezó cuando se gastaron 62 millones de pesos por retirar los ladrillos de tezontle rojo y cantera café de la construcción original de la Cámara, que databan de 1981. Esa obra fue contratada con el despacho Ramírez Vázquez y Asociados, durante la 62 Legislatura.
En ese entonces se argumentó que era necesario cambiar las fachadas para «aligerar» el peso a los edificios hundidos del palacio legislativo.
En ese entonces se apostó más a cambiar fachadas que reparar el desnivel que se registraba en los edificios de la Cámara.
La obra empezó a pagarse en 2013 y se entregó en 2015, con retrasos.
Sin embargo, luego de dos años, los bloques rosados de «neocantera» se echaron a perder porque el material utilizado por el afamado despacho no era el adecuado para exteriores.
Las áreas de Protección Civil y de Servicios Generales contabilizaron inicialmente 3 mil 500 placas inservibles, que empezaron a desprenderse, registraron humedad, fracturas, fisuras, desprendimientos y salitre.
Mantener el material ponía en riesgo al personal, diputados y visitantes, ante la posibilidad de que cayeran las estructuras de edificios de 31 metros de alto.
Al final de la 63 Legislatura, el Comité de Administración autorizó realizar la obra de retiro y sustitución de la neocantera, para lo que calculó un gasto por 54 millones de pesos en junio de 2018.
El proyecto se canceló y tocó a la entrante 64 Legislatura atender el problema, con Morena a cargo de la administración de la Cámara.
