Por Martín Espinosa
Luz al final del túnel
No es la primera vez que cunde el optimismo en el sector privado del país y en otros sectores sociales con respecto de afirmaciones o “promesas” del titular del Ejecutivo federal referentes a temas de un fuerte interés económico y, en esta ocasión, laboral. Tras el matiz que en los últimos días ha tenido en sus palabras el presidente López Obrador cuando se ha referido a la “necesidad de dialogar con los representantes empresariales” para, en todo caso, regular el outsourcing o la llamada “tercerización laboral” y ya no desaparecerla por completo, surgen indicios de que, dada la nada optimista realidad sobre el empleo en México en tiempos de pandemia, el mandatario “ha reflexionado” y enderezado el rumbo que deberá seguir su iniciativa, recién presentada al Congreso federal, la cual “criminaliza” y prohíbe dicha figura laboral.
Tras la reunión, la noche del pasado lunes en Palacio Nacional, entre el primer mandatario y algunos representantes empresariales del país, encabezados por el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, el rostro de varios de sus acompañantes denotaba optimismo debido a los resultados obtenidos del encuentro “al más alto nivel”, en el que se juega —dicen los conocedores del tema— el destino de unos 7 millones de trabajadores que hoy día laboran bajo el esquema del outsourcing.
Los líderes de la iniciativa privada que estuvieron en la conversación acordaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una sesión permanente con el gabinete para abordar la iniciativa de ley sobre la subcontratación y revisar “artículo por artículo”, según palabras del propio Salazar Lomelín.
“Creemos que la reunión caminó muy bien, él nos pidió que nos mantuviéramos en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y acordamos que a partir de este martes (ayer) empezamos a trabajar. Nos van a escuchar todas nuestras preocupaciones, que es lo más importante, y vamos a tratar de llegar a acuerdos”, dijo a su salida de la reunión el titular del organismo “cúpula” del sector privado nacional.
Sin duda que prevaleció la cautela por parte de los representantes de la iniciativa privada; al ser cuestionado sobre si el Presidente ofreció hacer modificaciones a la iniciativa, el empresario indicó que no podía asegurarlo “hasta sentarnos con el gabinete y veamos, artículo por artículo, qué es lo que se está proponiendo y cómo nosotros lo sugerimos”.
Sin duda que el camino por recorrer será largo y dependerá de la voluntad política del Presidente para ver si, efectivamente, como prometió, el gobierno federal “estaría dispuesto a eliminar la criminalización del outsourcing” y alargar el periodo de transición para las empresas que tengan que modificar sus sistemas de contratación laboral. Incluso hasta llegar a eliminar de la propuesta legislativa la prohibición de la llamada subcontratación y sólo regularlo, siempre y cuando no se asocie con “evasión fiscal y violación a los derechos laborales” de los trabajadores.
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, dijo que es necesario hacerle modificaciones a la propuesta y que están contra la evasión de impuestos y de las llamadas “factureras”. “La subcontratación por supuesto que hay que regularla, pero es una actividad que es buena y que nos ayuda en el país a ser más competitivos”, dijo a la salida de la reunión con el mandatario.
Respecto de las empresas afiliadas al Consejo y que utilizan el outsourcing, Del Valle Perochena comentó que, en mayor o menor medida, habrá compañías con este esquema, pero será totalmente legal. “Lo que hay que atacar aquí es la subcontratación ilegal, porque la legal, como mencioné antes, es totalmente legítima y, además, ayuda a la productividad del país”.
Del matiz que le ha dado a su iniciativa el Ejecutivo federal está enterada la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien ha insistido en que el diálogo con el sector privado continuará de manera coordinada para llegar a acuerdos que abonen en una reforma. Ello quiere decir que la enviada el pasado 12 de noviembre a la Cámara de Diputados no es la definitiva, por lo que, de honrar su compromiso del lunes pasado, el Presidente deberá modificarla para —entonces sí— someterla al debate de los legisladores. Sólo el tiempo dirá si el acercamiento valió la pena.
