Por Leo Zuckermann
¿Y la seguridad, apá?
La inseguridad pública ha pasado a un segundo plano en la agenda mediática. Otras urgencias, como la pandemia del covid-19 y la crisis económica, han desplazado este tema. Supongo que, también, ya nos acostumbramos a vivir con la inseguridad. No obstante, el problema sigue ahí. Lejos de resolverse, se ha agudizado.
Aunque al presidente Peña no le gustaba hablar de este tema, la realidad era tan apabullante que siempre acababa saliendo a relucir, de una manera u otra, en el sexenio pasado. El entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, lo utilizó para criticar duramente al gobierno y prometer que, de ganar, pacificaría al país regresando paulatinamente a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Además, implementaría una política social para combatir las causas de la violencia y un programa de justicia transicional. “Abrazos y no balazos”, se convirtió en uno de los eslóganes de la campaña lopezobradorista.
El que se convertiría en el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, prometió que la tasa de homicidios dolosos se reduciría en 50% durante los tres primeros años de la administración. Ya como Presidente, AMLO le dijo al periodista Jorge Ramos que para el primero de diciembre de este año (ayer) se sentarían las bases de la llamada Cuarta Transformación y habría resultados positivos en materia de seguridad.
Lejos estamos de que se cumplan estas promesas.
Durante los dos primeros años de esta administración han muerto más de 58 mil mexicanos víctimas de un homicidio doloso. La tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes subió de 22.4 en 2018 a 22.8 en 2019. En lo que vamos de este año, sigue en 22.8, la más alta de las últimas dos décadas.
Las tasas de extorsión, secuestro y robos de todo tipo han bajado este año. Esto sería una buena noticia salvo que, de acuerdo a los expertos, estos delitos han disminuido como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La contingencia sanitaria, sobre todo durante el confinamiento, redujo las oportunidades de delinquir.
Es cierto que este terrible problema lo heredó López Obrador de los gobiernos pasados. Sin embargo, él prometió resolverlo, y pronto. No lo ha hecho.
Lo que sí ha hecho, contra lo prometido en su campaña, es involucrar más al Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. El presidente López Obrador no sólo reformó la Constitución para legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en este tema, sino que desapareció, de un plumazo, a la mejor policía civil que existía en México: la Policía Federal. En su lugar, creó la Guardia Nacional, con la promesa explícita de que tendría un mando civil. La realidad es que es un nuevo brazo de las Fuerzas Armadas conformado, en su gran mayoría, por soldados y marinos. Todos sus mandos son militares.
Esto no estaría mal si en el pasado las Fuerzas Armadas efectivamente hubieran resuelto el problema de la inseguridad en el país. Al revés. Cuando el presidente Calderón las comenzó a utilizar en su guerra contra el crimen organizado, la violencia creció exponencialmente. Peña siguió con la misma receta de militarizar la seguridad pública, con los mismos resultados desastrosos. No esperemos que, ahora, con un mayor involucramiento militar vayamos a revertir esta situación. Como reza una famosa frase atribuida falsamente a Einstein: “locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando conseguir resultados diferentes”.
Ahí está la Guardia Nacional, con sus 96 mil elementos desplegados en varias regiones del país. Y, sin embargo, la violencia sigue rampante en varios estados. Algunos, como Guanajuato y Zacatecas, se encuentran en una situación crítica.
El Presidente se ha equivocado en este tema y, por lo tanto, no va solucionar este terrible problema.
Muy lejos está la estrategia del gobierno de AMLO de seguir esta ruta. Por el contrario, ha mantenido la misma receta de la militarización de Calderón y Peña, aunque con mayor ahínco.
