Ismael «El Mayo» Zambada García fue ‘cercado’ por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que congeló las cuentas de cinco de sus principales colaboradores y de una empresa.
Entre esas cinco personas están sus hermanas Modesta y Ana María Zambada García, así como Leticia Ortiz Hernández, ex síndica de El Salado, la principal zona de influencia de ‘El Mayo’ en Sinaloa, y quien ha sido identificada como una de las parejas sentimentales del narcotraficante.
Ramón Florencio López Hernández, director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es identificado también como parte de esa red, por lo que sus cuentas también están congeladas.
En tres resoluciones de amparo a las que REFORMA tuvo acceso, la UIF alegó que esas personas realizaron operaciones con cheques cuyas características y personas involucradas indican que se trata de dinero de procedencia ilícita.
La empresa con cuentas congeladas es Centro Comercial y Habitacional Lomas S.A. de C.V., constituida el 27 de julio de 1975 por el notario Manuel Guillermo García Rendón, y la cual es identificada por la UIF como «fachada» para ingresar recursos del narcotráfico al sistema financiero.
«Utilizan dicha empresa para ingresar los recursos al sistema financiero, ya que al parecer fue constituida precisamente con la finalidad de dar una apariencia de licitud a los activos obtenidos por el grupo señalado», indicó la dependencia encabezada por Santiago Nieto.
«Haciendo parecer que los mismos devenían de la relación de actividades económicas lícitas en la empresa citada, cuando en realidad éstos procedían en una alta probabilidad de la realización de los actos delictivos de narcotráfico y por tanto, la entidad mercantil referida únicamente era utilizada como empresa de las denominadas fachada».
El 31 de julio de 2013, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en Inglés) señaló a la compañía y a otras dos más -Parque Acuático Los Cascabeles y Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites- como parte de una red de lavado de dinero, tráfico de drogas ilegales y armas para el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, solo Centro Comercial y Habitacional Lomas sigue vigente dentro de la lista oficial de personas bloqueadas por la OFAC.
Asimismo, López Hernández es representante legal de otra de las empresas de la familia, llamada Establo Puerto Rico S.A. de C.V., donde las accionistas son cuatro hijas de «El Mayo»: Midiam Patricia, Mónica del Rosario, Modesta y María Teresa Zambada Niebla, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.
Al socio del capo se le congelaron cuatro cuentas, luego de que la UIF lo señaló como uno de los principales socios de Zambada García y detectó movimientos irregulares como cheques interbancarios y retiros millonarios sin justificación.
«Las operaciones de mérito resultan irregulares, ya que son considerablemente elevadas y son remitidas a diversas personas de las cuales se desconoce qué tipo de relación comercial tienen con las personas objeto de estudio en el presente acuerdo, por lo que es muy posible que dichos recursos estén transitando de una cuenta a otra, sin que exista una justificación plena de la realización de tales operaciones y que probablemente dichas transacciones sean con la intención de evitar que se identifique el origen de los mismos», aseguró.
López Hernández solicitó un amparo contra dicha medida, pero se le negó. El caso se mantiene en tribunales colegiados, de resultar desfavorecido nuevamente, la Unidad podrá examinar todos y cada uno de los movimientos bancarios que hizo este y los otros socios de «El Mayo» para lavar dinero.
La dependencia también reveló que esta persona es director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es abogado, fue director de la Facultad de Derecho de la UAS, y en 2005 asumió su cargo en Recursos Humanos, nombrado por el entonces rector y hoy líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Durante 15 años ha tenido distintos escándalos al interior de la Universidad por ex trabajadores, algunos de ellos por nepotismo y por apoyo político al partido del ex rector.
Otra persona que se amparó es Ana María Zambada García, hermana del capo; la mujer mantiene un perfil bajo y las listas de personas con bloqueo en Estados Unidos no la toman en cuenta. De ella sólo se sabe que estudió para ser maestra de educación básica y que es esposa del abogado Juan José Parra.
En su alegato ante el juzgado Cuarto de Distrito en Sinaloa, Ana María señaló a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de haber violado sus derechos como ciudadana y ganó. En este caso la UIF apeló ante un tribunal colegiado.
También está implicada Leticia Ortiz Hernández, ex síndica del El Salado, en Culiacán, donde el capo tiene mayor influencia, de acuerdo con reportes del Gobierno estadounidense y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ortiz Hernández es la madre de Serafín Zambada Ortiz, uno de los hijos del narcotraficante, quien en septiembre de 2014 aceptó haber traficado por lo menos 100 kilogramos de cocaína y media tonelada de mariguana a Estados Unidos, según la sentencia que dictó la jueza Dana M. Sabraw.
En el fallo se señaló los delitos como graves por haber dañado la salud de los ciudadanos de ese país, aunque la sentencia sería solo por 66 meses, debido a su arrepentimiento, su edad y las cartas en apoyo de familiares; entre esas cartas está la de Ortiz Hernández.
«Todo sus amigos y familiares coincidieron que era un joven muy atento y cordial, y eso influyó», señaló la juez.
El ‘Sera’, como se le identificó, dejó la cárcel en San Diego, California, en septiembre de 2018. Pasó 58 meses de los 66 en prisión y su paradero hasta hoy es desconocido. Sin embargo, la UIF prefirió ir por su madre congelando sus cuentas bancarias.
Ortiz Zambada se amparó ante el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa el 10 de octubre del 2019, pero 11 meses después perdió y en noviembre de este año acudió a un tribunal colegiado a la espera de una nueva sentencia.
Apenas el 18 de marzo de este año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que se tienen congeladas las cuentas de 335 personas físicas y morales relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
