Por Raúl Contreras Bustamante
“Tomar en serio” la pandemia
Hace unos días, Tedros Adha-nom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidió a México “tomarse en serio” el control de la pandemia de covid-19, pues advirtió que el país se encuentra en una situación grave.
Los contagios y defunciones ocasionadas por la enfermedad están alcanzando cifras que señalan que estamos en el peor momento de la epidemia, ya que en octubre y noviembre hubo un incremento del 8% en los casos estimados, en tanto que en la Ciudad de México se elevaron en un 34 por ciento.
México reporta, según cifras oficiales —hasta el momento de redactar la presente columna—, más de 1 millón 144 mil casos y más de 124 mil muertes, incluyendo defunciones sospechosas por la falta de pruebas previas a personas que fallecieron en sus domicilios u hospitales y sus actas de defunción no consignaron al virus como la causa del deceso. Además, la ocupación hospitalaria que atiende casos de covid-19 ya supera el 60% y la tasa de letalidad del país sigue 400% más alta que en el promedio mundial.
La situación es, a todas luces, alarmante, pues la emergencia sigue y los retos crecen.
A pesar de que enfrentamos una emergencia sanitaria sin precedentes —al menos en la historia reciente— la información oficial sigue siendo confusa y contradictoria y no se aprecian políticas públicas para combatirla apegadas a la ciencia y al derecho.
Es de llamar la atención la falta de acción del Consejo de Salubridad General, que es la instancia constitucional y científica que debería estar generando medidas de carácter general y dictando políticas preventivas y curativas para los tres niveles de gobierno de todo el país.
La existencia del Consejo está contemplada en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, que señala que “sus disposiciones generales serán obligatorias en el país”. La falta de operatividad de este órgano tan importante de carácter sanitario ha propiciado que las autoridades en las entidades federativas actúen de forma distinta, descoordinada y a veces hasta autoritaria, cuando debería ser el derecho y no el capricho de las autoridades a lo largo del país lo que modele las decisiones públicas.
El Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General contempla que éste deberá tener sesiones ordinarias dos veces al año —y de manera extraordinaria, en cualquier momento—y desde el mes de marzo cuando declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no ha vuelto a reunirse para acordar nuevas políticas públicas e informar a la población acerca de la estrategia a seguir, lo cual es fundamental.
Se están creando falsas expectativas sobre la efectividad y eficacia mágica que puede llegar a traer la llegada de vacunas contra el covid-19, porque las primeras 250 mil dosis adquiridas por el gobierno que se esperan en diciembre estarán destinadas al personal del sector salud y no se visualiza en el corto plazo, para el caso mexicano, contar con el número de vacunas suficientes para ponerlas a disposición de la población.
El escenario del país es complejo y exige —de todas las autoridades y la población— tomar conciencia de la gravedad del problema. Si no enfrentamos de manera científica y legal la emergencia sanitaria no habrá vacuna, ni medida económica que permita detener los daños letales causados por la pandemia. Por ello, hoy más que nunca, hay que “tomarse en serio” el combate a la enfermedad.
