Grandes empresas y productores privados de electricidad promueven amparos contra la prohibición de incorporar nuevos socios en los permisos de autoabastecimiento, concedidos antes de la reforma energética de 2014.
Liverpool, Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Bimbo, 7-Eleven México, Tiendas Extra, siete embotelladoras de Coca Cola y Porcelanite son algunas de las empresas que, desde mediados de noviembre, han promovido al menos 40 amparos contra la resolución 1094/2020 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicada el 7 de octubre.
Esta resolución prohíbe que empresas que firmaron contratos para recibir suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) después de la reforma energética de 2014, se sumen ahora a los permisos de autoabastecimiento de productores privados, otorgados antes de esa fecha. Los sistemas de autoabastecimiento permiten en general obtener costos más bajos en consumos de electricidad que las tarifas de CFE.
Con este esquema, empresas privadas instalaron la infraestructura de generación (solar, eólica, gas natural, hidroeléctrica) y estaban facultadas para agregar socios con posibilidades de vender electricidad y recuperar la inversión realizada. En ese esquema los socios logran un ahorro en la facturación y dejan el suministro de CFE. En su mayoría son clientes comerciales, industriales y de servicios.
Los quejosos incluyen a productores privados, como Cogeneración de Altamira, filial de la española Iberdrola; Energía Infra, subsidiaria de Grupo Infra que opera plantas de cogeneración; Geotérmica para el Desarrollo, parte de Grupo Salinas.
Los dos jueces federales especializados en Competencia Económica, que han bloqueado casi todas las políticas del actual gobierno en materia eléctrica, han admitido a trámite la mayoría de los amparos, pero tienen criterios opuestos sobre la posibilidad de suspender la resolución de la CRE mientras se litigan los juicios.
El juez Rodrigo de la Peza ha concedido suspensiones provisionales para que no aplique la resolución de la CRE -aunque no ha publicado los alcances detallados de estos fallos-, pero su colega Juan Pablo Gómez Fierro las ha negado, por considerar que permitir nuevos socios en los viejos permisos, es contrario a los principios de la reforma energética.
Gómez Fierro consideró que los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, motivo de los amparos, fueron otorgados bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, derogada en 2014, y que no es posible pretender que dicha ley siga aplicando permanentemente para situaciones posteriores a su eliminación.
