El Congreso del Estado aprobó la iniciativa de la diputada Blanca Eppen Canales, establecer constitucionalmente que las instituciones de seguridad pública establecerán procedimientos de reacción inmediata para brindar auxilio en los casos donde exista el riesgo de que una persona sea víctima de delitos que pongan en riesgo su integridad, vida o libertad, aunado a que los ministerios públicos deberán actuar con la máxima diligencia en las investigaciones.
La Diputada dijo que, por ejemplo, en el caso de los secuestros, las víctimas no son privadas de la vida de inmediato, y existe un periodo razonable de tiempo en el cual, si las autoridades son eficientes y proceden en forma inmediata, pueden rescatar a la víctima con vida.
El mismo principio aplica para los casos en que el objetivo es la desaparición forzada; otro supuesto es la violencia de género; donde mujeres violentadas por sus parejas sentimentales o por terceros se colocan en alto riesgo de perder la vida y, ya sea denunciando ellas mismas su situación o sus seres queridos, la inacción de las autoridades vulnera el derecho a la seguridad y a la protección efectiva que deben.
“¿Qué pasa si la víctima acude a las autoridades en busca de ayuda, de protección, y estas se la niegan bajo cualquier pretexto, o diciéndole que proceda por otras vías, o que no tienen personal suficiente, o que debe presentar evidencia concreta y contundente para poder ayudarle? La respuesta es simple: Se le deja en total estado de indefensión y de riesgo” expuso Blanca Eppen al exponer la iniciativa que fue aprobada por el Pleno.
Lo mismo pasa cuando ante la desaparición o incomunicación de la víctima, y bajo sospechas fundadas, sus familiares acuden ante las mismas autoridades y reciben las mismas respuestas.
Blanca Eppen explicó que generalmente, un feminicidio, en los casos donde el sujeto activo es la pareja sentimental o expareja de la víctima, no ocurre de un momento a otro, sino que son etapas progresivas de violencia que se dan al pasar los días, semanas o meses, y es cuando queda claro que el actuar inmediato de las autoridades puede salvar la vida de la víctima, al ponerla a salvo, al procesar al responsable, al aplicar medidas cautelares, al acudir al domicilio a verificar que todo esté bien.
Al aprobarse esta iniciativa se estableció en el artículo 108 y 113 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, que las instituciones de seguridad pública establecerán procedimientos de reacción inmediata para brindar auxilio en los casos donde exista el riesgo de que una persona sea víctima de delitos que pongan en riesgo su integridad, vida o libertad.
Además, cuando la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, deberán garantizar la máxima diligencia en las investigaciones de los hechos donde la vida de una persona se encuentre en riesgo.
