Ciudad de México a 10 de diciembre del 2020.- Ante la emergencia económica que vive Coahuila, senadores de Morena y el PRI, exhortan al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar un decreto con el cual se declare zona de emergencia económica, a la Región Centro y Carbonífera de la entidad.
En conferencia de prensa el senador Armando Guadiana informó que el Senado de la República, trabaja en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno de Coahuila, para lograr la declaratoria de emergencia económica de la entidad.
“El pasado viernes, sostuvimos una reunión con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y se tuvo comunicación con Alfonso Romo en su calidad de representante del presidente. El Senador Ricardo Monreal confirmó que el exhorto al jefe del Ejecutivo ya está aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y solo se necesita publicarlo en el Diario Oficial puesto que ya es un acuerdo tomado y cuenta con el aval de los coordinadores de todos los partidos”, manifestó.
Por su parte, la senadora priista Verónica Martínez, lamentó que antes de cerrar el año no se cuente con una solución para Coahuila, por lo que se pronunció por hacer un respetuoso llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que a la brevedad se haga del conocimiento de la nueva secretaria de economía, Tatiana Clouthier esta problemática.
“No queremos dejar pasar la oportunidad de recordarle al Gobierno Federal, antes de que se termine el año, que en Coahuila hay pendientes; como el decreto de la zona de emergencia económica y, aprovechando, la ocasión para que se incorporen los tres municipios de la región de Cinco Manantiales que son: Allende, Villa Unión y Morelos a la zona fronteriza y con eso que puedan recibir los beneficios”, indicó.
Los senadores Armando Guadiana, Verónica Martínez y Eva Galaz coincidieron en que hoy, Coahuila necesita de la unidad de todos para apoyar a las familias y trabajadores que se ven afectados por la problemática que enfrenta la empresa Altos Hornos.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República informó que en el último día de sesiones presentó una iniciativa para la modificación del Régimen Fiscal de Pemex, con el propósito de reducir la excesiva carga fiscal de la empresa más importante del sector publico y de México, toda vez que es la que más recursos fiscales entrega a las arcas nacionales.
Petróleos Mexicanos subrayó el senador Guadiana, es el principal contribuyente de las finanzas públicas del país. En el periodo enero-agosto de 2020, Pemex contribuyó con 438,071 millones de pesos (mdp) a la hacienda pública federal por concepto de contribuciones directas e indirectas. Con las contribuciones que realiza nuestra petrolera, se financia el 10.4 por ciento del total del gasto publico de la Federación incluyendo participaciones estados y municipios.
Conforme a la propuesta presentada por el legislador, la reducción de la enorme carga fiscal de Pemex se haría por la vía, en primer término, de una reducción de la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), que entera Pemex al fisco, del 54% al 35% para que, junto con el resto de derechos e impuestos que paga nuestra petrolera, su carga fiscal se asemeje a la de cualquier empresa petrolera.
En segundo lugar, se pretende ajustar los límites de deducción establecidos con la promulgación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en agosto de 2014 y reformados como parte del paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2017; para que reflejen el incremento en los costos de producción que se han observado en la industria petrolera.
El tercer elemento de la iniciativa consiste en restaurarle a Pemex, uno de los beneficios con que contaba antes de la reforma energética de 2013-2014, que consistía en exentarle el cobro de derechos por la utilización de hidrocarburos dentro de sus propios procesos extractivos, hasta un límite fijado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Finalmente, la iniciativa propone abrogar la existencia del Dividendo Estatal, definido en el Capítulo VI de la Ley de Petróleos Mexicanos, en virtud de que la fragilidad financiera de la empresa productiva, gracias en buena medida a los sucesivos regímenes fiscales a que se ha visto sometida Pemex, hacen inviable el cobro de este dividendo en el corto y mediano plazo.
