CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación de al menos mil 500 trabajadores de limpieza a través de Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un minidepartamento en Iztacalco, en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.
Entre 2019 y 2020, Decoaro ha recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de las secretarías de Turismo (Sectur), Relaciones Exteriores (SRE) y Comunicaciones y Transportes (SCT). Nunca había tenido asignaciones públicas.
Uno de esos contratos lo asignó la Presidencia de la República para la limpieza del Palacio Nacional, donde reside y despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha condenado en forma reiterada la subcontratación de empleados a través de outsourcing porque considera que es un mecanismo de explotación laboral, en el que los patrones se deslindan de sus responsabilidades.
En el contrato firmado el 3 de marzo de 2020 por la Presidencia de la República, ésta aceptó que Decoaro pagara sueldos de 123 pesos diarios a los trabajadores de limpieza de Palacio Nacional —salario mínimo— además de deslindarse de cualquier vínculo laboral con los afanadores.
«El proveedor reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de sus trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados en el presente contrato, en forma tal, que deslinda de toda responsabilidad a la Oficina de la Presidencia respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar los empleados derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social», se lee en la cláusula décima segunda del contrato que obtuvo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La empresa de outsourcing Decoaro asignó 31 empleados para la limpieza del interior de Palacio Nacional y de otros seis inmuebles que la Presidencia de la República tiene en avenida Constituyentes, en la colonia Roma, en la calle República de Guatemala y una mansión que perteneció a Manuel Ávila Camacho en el fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México.
La Presidencia de la República se comprometió a pagar en 2020 a dicha empresa 7 millones 472 mil pesos por la subcontratación de los afanadores.
Francisco Javier Martínez Estrada, subdirector de Servicios Generales de la Presidencia y uno de los firmantes del contrato, aseguró que Decoaro ofrece sin problemas el servicio de limpieza que concluye este mes de diciembre.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscó a los dueños y al representante legal de la empresa, pero no se les localizó ni en los domicilios ni en el teléfono que aportaron a la Presidencia de la República.
Domicilio en departamento. El representante de Decoaro y Supervisión S.A. de C.V., Gonzalo Arrevillaga Falcón, declaró en el contrato firmado con la Presidencia de la República, que la empresa de outsourcing tenía su domicilio fiscal en la calle Azafrán 489, edificio C, interior 304, en la colonia Granjas México, en la alcaldía de Iztacalco.
Ese domicilio aparece en las hojas membretadas donde la empresa presentó su propuesta económica, así como en otros procedimientos de contratación con otras dependencias federales.
Sin embargo, ese domicilio corresponde a un departamento que habitan dos mujeres (madre e hija), y no a una empresa, constató Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en varias visitas al inmueble.
El departamento que Decoaro reportó como su domicilio está en un conjunto habitacional de cuatro edificios ubicado entre dos bodegas. Los vecinos del edificio C de ese conjunto confirmaron que en ese departamento nunca ha operado una empresa. La administradora reconoció que en distintas ocasiones han acudido a preguntar por una empresa, pero ratificó que todos los departamentos son de uso habitacional.
Javier Martínez Estrada, uno de los funcionarios que participó en el procedimiento de asignación del contrato, confirmó que esa dirección fue la que presentó Decoaro en la Presidencia, pero aportó un segundo domicilio en calzada Vallejo 1148, en Tlalnepantla, Estado de México, donde supuestamente tiene oficinas.
El domicilio de calzada Vallejo corresponde a otro edificio de departamentos recién construido.
Una empleada de Decoaro dijo que ella nunca se ha presentado en las oficinas que la empresa dice tener en Tlalnepantla, ya que desde que la contrataron todos los trámites los ha hecho directamente en Palacio Nacional.
El departamento que Decoaro dio como su domicilio fiscal tiene una superficie de 67 metros cuadrados distribuidos en dos recámaras, cocina, sala-comedor y un baño. Un inmueble de características idénticas en el mismo edificio se ofrece en renta en 7 mil pesos mensuales.
Cotizaciones al particular. Cuatro días antes de darse el fallo a favor de Decoaro, la empresa había enviado su cotización a la Secretaría Particular del Presidente, que está a cargo de Alejandro Esquer Verdugo.
Lo anterior, pese a que el procedimiento de asignación estaba a cargo de Jael Hernández Hernández, director General de Recursos Materiales de la Presidencia de la República.
En el oficio de invitación del 7 de febrero se especificó que la presentación de proposiciones debería hacerse a la Dirección de Recursos Materiales, dependiente de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia.
La propuesta que se entregó a Esquer —de la que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene copia— está fechada el 14 de febrero de 2020 y el fallo se anunció el 18 del mismo mes.
El pasado 9 de noviembre, MCCI publicó que Esquer Verdugo había contratado a dos empresas identificadas por el SAT como fantasma para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.
Desde hace tres décadas, Esquer es un hombre muy cercano a López Obrador. Ha sido su secretario particular en distintos momentos. En noviembre de 2015, Esquer asumió la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo en el que permaneció hasta finales de 2018, cuando pasó a ocupar su actual puesto en la Presidencia.
Jael Hernández y Francisco Javier Martínez Estrada, los dos funcionarios de la Presidencia que firmaron el contrato con Decoaro, trabajaron como subordinados de Esquer Verdugo cuando éste se desempeñó como Secretario de Finanzas de Morena: el primero era el contador del partido político y el segundo su auxiliar, con la responsabilidad de presentar reportes contables al Instituto Nacional Electoral (INE).
$185 millones en contratos. El domicilio de Decoaro en un departamento de Iztacalco contrasta con los millonarios contratos que ha recibido de la actual administración federal.
El mayor monto de los contratos fue asignado por el SAT, que en 11 documentos se comprometió a pagar 102 millones de pesos a Decoaro. En cada uno, las distintas dependencias se deslindan de cualquier vínculo laboral con los afanadores que son subcontratados.
Invitaron empresa fantasma. El procedimiento de asignación del contrato de limpieza fue bajo la modalidad de «invitación a por lo menos tres proveedores».
Entre las empresas que la Presidencia de la República invitó a enviar cotizaciones estuvo Limpieza y Mantenimiento Xielsa S.A. de C.V., la cual desde el 19 de noviembre de 2019 había sido incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado de contribuyentes con presuntas operaciones inexistentes, también identificadas como empresa fantasma o facturera.
El SAT incluyó el pasado 29 de junio de 2020 a esta empresa en su listado definitivo de simulación de operaciones.
Otras seis compañías invitadas a este procedimiento enviaron cotizaciones para tratar de obtener el contrato: Decoaro, Gott und Glück, Kamej, Likhom Services, Racso Proyectos Industriales y Tecnolimpieza Delta S.A. de C.V.
Todas las propuestas cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas, pero se eligió a Decoaro por haber presentado la cotización más baja por empleado subcontratado.
El 12 de noviembre de 2020, cuando presentó una iniciativa de ley contra el outsourcing, el presidente López Obrador calificó esa modalidad de subcontratación «como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades», afirmó el mandatario federal.
