Por Raúl Contreras Bustamante
Ley General de Educación Superior
La educación es un derecho humano y fundamental para el desarrollo de las personas, que tiene un carácter habilitante para poder conocer, entender, ejercitar y defender los demás derechos y garantías constitucionales.
Quien recibe educación contribuye a la construcción de una mejor sociedad y al desarrollo, progreso y paz del mundo. Así lo hemos tratado de entender en nuestro país a lo largo de la historia moderna.
Debemos recordar que, en 1917, México fue la primera nación en establecer en su Constitución la existencia de los derechos sociales, entre ellos, el más importante: el de la educación.
En 2019, a través de una reforma constitucional, el Estado mexicano amplió su obligación de impartir la educación gratuita desde nivel preescolar hasta la educación superior, consolidando así a la educación como un derecho humano y fundamental pleno. Con ello, México es el primer país en todo el mundo en reconocer y garantizar —a nivel constitucional— la gratuidad de toda la educación.
Recordar lo anterior cobra especial relevancia, ya que en días pasados fue aprobada por el Senado de la República la nueva Ley General de Educación Superior, cuyo dictamen aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y que será relevante para la vida nacional.
Esta nueva ley reglamenta la gratuidad de la educación superior configurada en el texto constitucional y establece que su implantación será de manera gradual y sujeta al presupuesto.
Respecto a la autonomía universitaria, decreta que todo proceso legislativo que busque modificar las leyes orgánicas de universidades autónomas, deberá respetar de manera irrestricta los derechos y garantías de las instituciones de autogobernarse.
Será necesario entonces —para cualquier iniciativa o reforma— hacer una consulta previa, libre e informada de los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía y se tendrá que contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Este tema es en especial valioso, ya que en el pasado han abundado —de manera desafortunada— ejemplos de intromisión gubernamental y legislativa en la vida académica de universidades autónomas estatales.
La ley —en caso de ser aprobada por la Cámara baja en los términos planteados— fomentará la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en las universidades; establecerá un sistema para la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior; y regulará la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de su financiamiento.
Hoy más que nunca debemos ser conscientes de la enorme importancia que la educación y la ciencia tienen para el desarrollo de un país. Muestra de ello es que las fuerzas que combaten en la actualidad la pandemia que padecemos se han fraguado en las universidades: con los médicos que ahí se forman y con los científicos e investigadores que están trabajando de manera incansable en la búsqueda de vacunas y medicamentos que alivien este mal.
El reto que México ha asumido al reconocer a nivel constitucional la gratuidad en la educación universitaria es un desafío monumental, que obligará al gobierno de manera irrenunciable a destinar cada vez más recursos financieros a la educación para acortar la brecha inaceptable de la desigualdad.
Como Corolario la frase del educador portugués, Boaventura de Sousa Santos: “La dirección que tome la reforma de la universidad será la dirección que tome la reforma del Estado”.
