Las cárceles de México siguen saturadas de reos sin sentencia.
Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que 4 de cada 10 internos de penales estatales y federales enfrentan prisión preventiva.
Hasta octubre pasado, había 214 mil 776 personas privadas de la libertad en los 291 centros penitenciarios de todo el País.
De ese total, 90 mil 3 internos, que representan el 42 por ciento, siguen sujetos a proceso, es decir, que aún no reciben sentencia condenatoria o absolutoria.
La especialista Ana Laura Magaloni, calificó de lamentable el aumento de la prisión preventiva aparejado a las reformas que ampliaron el catálogo de delitos graves.
«Seguimos con las inercias del pasado, sin cambiar lo que nos llevó a reformar el sistema y queriendo hacer frente a la inseguridad con mano dura, sin las garantías procesales que debemos tener los ciudadanos», advirtió.
«Esta es una vuelta para atrás ante la imposibilidad de reformar bien nuestras procuradurías, y esa ha sido la tentación de todos los que nos han gobernado, darle vuelta atrás y no reformar el sistema para que produzca justicia».
En vez de que desarrollen capacidades de investigación, señaló, las Fiscalías están apostando por la prisión preventiva como única salida ante sus pocas capacidades de esclarecimiento.
«¿No tendríamos que elevar esas capacidades en vez de seguir metiendo a las personas a la cárcel con muy poca evidencia?», cuestionó la investigadora del CIDE.
Tan sólo en los primeros 10 meses de 2020, la prisión preventiva en México creció casi 20 por ciento, según los datos de la SSPC.
«Es un reflejo de las asignaturas pendientes que tenemos con la justicia en México y que ningún Gobierno le ha querido entrar», agregó Magaloni.
Martín Carlos Sánchez, director de la institución RENACE, alertó que el creciente número de reos sin sentencia no sólo tiene efectos económicos y sociales, sino que podría derivar en mayor saturación de penales en el mediano plazo.
«Es contraproducente a lo que buscan los políticos. Es una propuesta política a un fenómeno delictivo que no responde a cuánta gente metes a la cárcel, sino a la eficiencia policiaca, persecución del delito, y poder procesar y dictar sentencia», señaló.
«No tiene nada que ver con el número de personas que metas a la cárcel, así lo venden los políticos lamentablemente, y lo que resulta es que tenemos a muchas personas en la cárcel, y son pobres que no tienen cómo defenderse».
La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, aunque ese plazo podrá prorrogarse «de manera razonable».
Sin embargo, hay casos que llevan años o décadas sin resolverse, como el del presunto secuestrador Israel Vallarta, quien acumula 15 años sin sentencia por el caso Cassez.
«Quisiéramos que este fenómeno se revirtiera, que se apegara a los principios del sistema acusatorio, que se buscara la eficiencia de las instituciones y no sólo se lleve a más gente a la cárcel», urgió Sánchez.
