Por Pascal Beltrán del Río
El (otro) error de diciembre
Con su reforma a la Ley del Banco de México, el miércoles pasado, el Senado de la República pasó por alto dos principios que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en su campaña: no afectar la autonomía del banco central y separar al poder político del poder económico.
Una desusada convergencia de legisladores del oficialismo y la oposición sacaron adelante la iniciativa para obligar al Banxico a adquirir los dólares en efectivo que no puedan ser colocados en la economía y a incorporarlos a sus reservas internacionales.
Poco importaron a esa mayoría las advertencias que diferentes expertos en la materia —respaldadas por los propios miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México—, en el sentido de que dichos cambios y adiciones a la legislación referida afectarían la credibilidad de la autoridad monetaria nacional ante instituciones financieras de otros países y pondrían en riesgo la preservación del valor adquisitivo de la moneda nacional, pues abrirían una puerta trasera al lavado de dinero.
“Seríamos un banco (central) completamente atípico en el mundo”, alertó el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León.
Varios especialistas hicieron ver que las reservas internacionales se componen de activos que el Banco de México adquiere por decisión propia, no por obligación, por lo que la minuta aprobada atenta contra la autonomía de la institución, pues ésta implica que ninguna autoridad pueda invadir las funciones que corresponden al banco central.
Asimismo, explicaron que el propósito formal de la propuesta —apoyar a los migrantes y al sector turístico a poder disponer de sus ganancias en moneda estadunidense— parte de supuestos falsos pues, en lo que va de este año, la banca privada nacional se había quedado con sólo dos por ciento de los dólares en efectivo que habían ingresado en el país, y menos de uno por ciento de los que ganan los migrantes llegan en forma de billetes o monedas.
Pero, ¿qué condujo a 67 senadores a ignorar estos avisos y aprobar la iniciativa, que ya fue enviada como minuta a la Cámara de Diputados?
Hay varias versiones, que van desde la presión del Ejecutivo hasta las llamadas de un importante empresario dueño de un banco. De lo que no queda duda es que la Cámara alta cometió un error que podría poner al país en la mira de organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), que desde 2000 ha emitido observaciones contra una treintena de bancos centrales —de las cuales sólo permanecen activas las de Irán y Corea del Norte— por no cooperar en la lucha global contra el lavado de dinero.
Desde 1994, cuando las instituciones financieras del país incurrieron en el llamado error de diciembre, que propició una drástica devaluación del peso, el país había tenido un comportamiento macroeconómico confiable para el mundo, que ahora podría ponerse en duda si la Cámara de Diputados aprueba la minuta enviada por el Senado.
Seguramente conscientes de que México estaría incurriendo en un peligroso escenario —y luego de la exhibida que dieron a la minuta incluso los subgobernadores del Banxico más cercanos a la Cuarta Transformación—, los coordinadores parlamentarios de todos los partidos en el Senado, salvo el PT, se dijeron dispuestos a que los diputados, e incluso el Presidente de la República, les enmienden la plana.
“Estaremos atentos al proceso legislativo que se está desarrollando”, dijeron en un pronunciamiento conjunto que se dio a conocer el sábado. “Si fuere el caso, recibiremos abiertamente las modificaciones que la colegisladora llegase a considerar viables o las que pudiera incorporar el Ejecutivo federal”.
Pasando por alto la perogrullada que esto representa —lo raro sería que los senadores dijeran que no aceptan cambio alguno—, el comunicado es testimonio del lío que se cometió con la obstinación en una reforma sin sustento.
