Por José Buendía Hegewisch
Ley del Banxico: la mayoría también se equivoca
Morena y aliados en el Senado se equivocaron con la aprobación de la reforma a la Ley del Banco de México, aunque sus diputados metieron freno ante la crítica generalizada y amenazas de desestabilización financiera. Pero no fue suficiente para rectificar y detenerla, sólo se aplazó hasta 2021 en medio de una encendida defensa que deja más dudas que certezas sobre sus motivos y beneficios. ¿Qué ventajas obtienen el Presidente y Morena con la iniciativa?
La reforma para modificar la regulación de flujos de divisas en efectivo en el mercado financiero seguirá. López Obrador ha insistido en que se requiere para resolver el problema del precio bajo e injusto en el cambio de moneda de las remesas, mientras el líder de Morena en el Congreso, Ignacio Mier, promete evitar que beneficie a “dólares de sangre” del crimen en vez de los “dólares de sudor” de los migrantes. No obstante, las “aplanadoras” legislativas y las críticas al proceso dejan lecciones sobre las peores prácticas parlamentarias para la revisión que haga la comisión bicameral y el debate de la iniciativa las próximas semanas.
1.- La primera son las graves consecuencias de legislar al vapor sin escuchar la opinión de las principales instituciones y actores involucrados, entre ellos, a los migrantes, ausentes del proceso. Las remesas han sido una salvación imprevista durante la pandemia por covid para millones de familias, con aportaciones de más de 30,000 millones de dólares entre enero y septiembre de 2020, pero su voz es excluida del debate nacional y su participación política restringida. ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades para enviar sus remeses a México de forma legal y segura, al mejor más bajo costo y sin los altos encajes de intermediación que pagan? Sin consulta, los migrantes sirven de referente, cuando no de pretexto, para intereses particulares que poco tienen que ver con sus problemas.
La mayoría de Morena en el Senado sacó en una semana una iniciativa de hondo calado para la estabilidad financiera del país sin un parlamento abierto ni suficiente discusión legislativa, aun cuando abriera flancos a los controles antilavado de dinero y a la autonomía del Banxico. Y generar una crisis de confianza innecesaria. Los “madruguetes” parlamentarios manchan de suspicacia la reforma, aunque la defiendan con la retórica oficial del sentido social, sin demostrarse o, peor aún, contradecirse con los datos oficiales. El 99% de las remesas se transfieren vía electrónica y sólo el 1% del dinero que llega a las familias es en efectivo, de acuerdo con Hacienda, lo que indica que ésta ataca un mero problema residual. ¿No lo sabían los senadores? ¿Para quién legislan?
2.- La fuerte reacción contra la reforma, incluso desde el gobierno y posiciones cercanas en el Banxico, muestra que su justificación con el discurso oficial no alcanza para hipnotizar a todos ni permite que la “bola rápida” pase inadvertida dentro y fuera del país por más achatamiento de la oposición en el Congreso. Para ofrecer certeza jurídica la ley tiene que ser general, buscar el bien jurídico tutelado superior y no tener dedicatoria a favor de un interés particular. No se vale, como escribió en Twitter Jonathan Heath, vicegobernador del Banxico, “reformar una ley para beneficiar a una sola empresa”.
3.- Paradójicamente, los mayores reclamos de los migrantes son los costes de intermediarios, que llegan a descontar hasta el 20% del valor de sus remeses. Éste es el hilo del que deben de tirar los legisladores para que las familias de migrantes reciban recursos de manera segura, legal y justa. Hacia esa dirección debía redireccionarse el señalamiento de López Obrador contra el Banxico de “no ser machuchones” de las finanzas y apuntar hacia los servicios de intermediarios de las remesas, pero ahí no aplica el principio de separación del poder político y económico que defiende la 4T con empresarios cercanos.
El costo de la equivocación lo paga el autor de la iniciativa, Ricardo Monreal, pero, en el fondo, Morena y también la credibilidad de la autonomía del poder político respecto a todos los actores económicos, que el Presidente defiende como condición de la honestidad valiente de su gobierno, aunque parece hacer excepciones.
