Desde una oficina en la Colonia del Carmen Coyoacán, una supuesta «consultora en informática» facturó en 2018 casi 3 mil millones de pesos, al nivel de las empresas más grandes del País.
Se trata de Grupo Raven Tecnologías de la Información, del que no existe absolutamente ninguna referencia pública, pero que en 2018 emitió comprobantes fiscales por venta de supuestos bienes y servicios que sumaron 2 mil 931 millones de pesos.
Supuestamente ubicada en el interior 303 del número 59 de la calle Francisco Javier Mina, esta «empresa» tuvo un crecimiento descomunal.
Creada en 2017, facturó 59 millones de pesos en ese año, pero multiplicó sus «ventas» en casi 50 veces al año siguiente.
A su vez, un grupo de 33 razones sociales, igualmente sospechosas de ser factureras, emitieron en favor de Raven comprobantes fiscales por 3 mil 666 millones de pesos durante 2018, 31 veces más que en 2017.
Este esquema es conocido como «fraude carrusel» y fue detectado por el Gobierno desde principios del sexenio pasado. Las operaciones que se mencionan en las facturas son inexistentes y no involucran dinero real, pero estos documentos son utilizados por contribuyentes para aplicar deducciones y pagar menos impuestos.
Grupo Raven, que en su declaración fiscal de 2018 dijo tener activos fijos por 27.6 millones de pesos, ni siquiera se esforzaba por darle cierta credibilidad a sus comprobantes, pues la mayoría indicaba genéricos por «prestación de servicios según contrato» y «gestión de proyectos», con algunas «ventas» ocasionales de muebles de oficina.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó el 3 de diciembre a Grupo Raven el inicio del procedimiento para declararla como facturera, pero lo hizo por estrados, pues no lo encontró en la dirección de Coyoacán que operaba como domicilio fiscal y que es una casa donde se rentan oficinas equipadas a profesionistas, médicos, nutriólogas y pequeñas empresas.
Las empresas presuntamente fantasma que operaban con Raven tienen nombres como Black Twins SC, Lombot S.A., Sellall S.A., y Soluciones Estratégicas Komunikase, de las que no hay indicios sobre cuáles son sus actividades.
Una entidad denominada Loyo Servicios Administrativos le expidió a Grupo Raven facturas por mil 666 millones de pesos en 2018, mientras que Middleman Perfect Business, de la que tampoco hay rastros, lo hizo por 433 millones.
El procedimiento contra Grupo Raven fue iniciado por la Administración de Auditoría Fiscal de Guerrero del SAT, con sede en Acapulco.
Una de las «clientas» principales de Raven era Bumby Jack Empresarial, una empresa del sector de construcción que aparentemente sí tiene actividades reales y que tiene domicilio en el puerto guerrerense.
El castigo
El Código Fiscal de la Federación prevé las siguientes sanciones por factureo:
Para emisores de facturas por servicios o bienes inexistentes:
-2 a 9 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera estas facturas.
-El delito califica como delincuencia organizada, cuando el valor nominal de las facturas exceda de 7.8 millones de pesos. Esto implica pena adicional de 4 a 16 años de cárcel.
-De rebasar 7.8 millones de pesos, aplica prisión preventiva forzosa.
-Cabe mencionar que, en muchos casos, se ignora quiénes son las personas físicas detrás de las factureras.
Para personas físicas o morales que aprovechen las facturas:
-Obligación de corregir en 30 días su situación fiscal si aplicaron deducciones usando estas facturas. De no hacerlo, el SAT impondrá los créditos fiscales correspondientes.
-Multa de hasta 75 por ciento del valor de cada factura utilizada.
-Los socios o accionistas serán responsables solidarios de las deudas con el SAT, cuando hayan recibido facturas por más de 7.2 millones de pesos.
-El SAT puede publicar datos sobre deudas de estos contribuyentes (no aplica el secreto fiscal).
