La indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos contra el ex Gobernador Graco Ramírez y funcionarios de su Administración por el pago de 66 millones de pesos a una empresa que supuestamente representó al cantante Sting, quedó varada en la Fiscalía General de la República (FGR).
Gerardo Becerra, asesor Anticorrupción del Gobierno de Morelos, quien tejió la acusación contra Graco Ramírez, lamentó que la investigación esté detenida desde hace un año, cuando la Fiscalía Anticorrupción del Estado solicitó la colaboración de la FGR para ubicar al artista o a sus representantes en Gran Bretaña y saber si cobró esa cantidad por un concierto en la «Arena Teques» en 2015.
En el armado de la denuncia entregada a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, Becerra encontró en los archivos de Palacio de Gobierno una carta firmada por Graco Ramírez y fechada el 14 de septiembre de 2015, en la que invita a Sting a dar un concierto en Jojutla para impulsar la cultura y el turismo en el Estado.
Sin embargo, desde marzo de 2014 el ex Secretario de Turismo, Jaime Álvarez pidió la liberación de 2 millones 900 pesos para la empresa Magnos Comercialización de Entretenimiento como primer pago del concierto, es decir 20 meses antes de la invitación de Graco a Sting.
«Se supondría que la FGR ya le hubiese solicitado al área de Relaciones Internacionales de la Cancillería que se aplicara el acuerdo que se tiene con la Gran Bretaña para finalmente llamar o sentar al representante de Sting para que contestara todo un cuestionario que la Fiscalía Anticorrupción ya presentó en tiempo y forma desde inicios de enero de 2020», dijo Becerra a REFORMA.
«Esto tocaría directamente al ex Gobernador Graco Ramírez porque le hace una invitación a participar en un concierto en esa fecha cuando ya había de por medio un contrato un año y medio antes, y dada la condición de este músico tan importante de participar en asuntos de conciertos a beneficio, tengo serias dudas de que el señor Sting no hay cobrado siquiera medio centavo y esté de por medio un fraude y que a través de esta empresa Magnus pudiesen haber cobrado una cantidad que nunca llegó evidentemente a los bolsillos de Sting», añadió el funcionario estatal.
Becerra confío en que el retraso no signifique una protección al ex perredista por parte de la FGR o del Canciller Marcelo Ebrard.
«Yo de una forma respetuosa, le preguntaría al propio Fiscal General, Alejandro Gertz, si es que es el área de Relaciones Internacionales de la Cancillería la que no ha contestado, me llamaría la atención que hubiese alguna situación de protección al ex Gobernador como tal, yo espero que no», manifestó.
Los pagos a la empresa Magnus, posteriores al primero reportado en marzo de 2014, le siguieron otros de distintos montos, hasta sumar 66 millones de pesos, de acuerdo a los comprobantes fiscales de los cuales REFORMA posee copia.
De acuerdo con la carpeta de investigación FECC/054/2019-04 de la Fiscalía Anticorrupción estatal, los otros funcionarios investigados son Adriana Flores, ex secretaria de Hacienda; Jaime Álvarez, ex Secretario de Turismo y Nina Alejandra Serratos Zavala, ex coordinadora general del Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de Eventos, quienes celebraron los contratos con Brenda Mayne Salayandía Jiménez quien supuestamente representó a Sting mediante la empresa Magnos Comercialización de Entretenimiento.
