La jueza británica Vanessa Baraitser denegó hoy la libertad condicional al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al considerar que presenta riesgo de fuga, pese a rechazar previamente su extradición a Estados Unidos por motivos de salud.
Al anunciar su decisión en la Corte de Magistrados de Westminster, la jueza señaló que Assange «todavía no ha ganado su caso», dado que EU recurrirá el fallo contrario a la entrega, y «tiene un incentivo para fugarse» hasta que concluya ese proceso.
Baraitser dijo que el australiano de 49 años, que sufre depresión y otras dolencias tras diez años confinado en el Reino Unido, «ha demostrado» repetidas veces que es capaz de huir de la justicia aunque haya «estrictas condiciones» de control.
La decisión de la jueza significa que Assange, que estaba presente en la sala, permanecerá en prisión provisional en la cárcel londinense de Belmarsh mientras avanza su proceso judicial.
En la vista de hoy para determinar si podía salir en libertad condicional, Baraitser aceptó los argumentos en contra de la fiscal Clair Dobbin, en representación de la justicia estadounidense, que alegó que el informático probó en el pasado que es capaz de «llegar a extremos extraordinarios» para evitar su extradición.
La jueza descartó la posición de la defensa, que proponía que su cliente saliera de la cárcel y pasara a estar «efectivamente bajo arresto domiciliario», en un domicilio londinense con su pareja, Stella Morris y los dos hijos de ambos, con una fianza económica y «cualquier otra condición que dispusiera el tribunal».
La decisión de este miércoles supone un duro golpe para Assange y su familia, además de sus miles de seguidores en todo el mundo, que por primera vez veían la posibilidad de que dejara su encierro.
El pasado lunes, Baraitser rechazó, al constatar riesgo de suicidio, la extradición del ex «hacker» a EU, que lo reclama para procesarle por 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal digital WikiLeaks, penados con hasta 175 años de cárcel en ese país.
Aunque aceptó las amenazas para su salud de una eventual entrega, la jueza descartó el resto de los argumentos de la defensa, que adujo, entre otras cosas, que los cargos tenían «motivaciones políticas» y que no tendría un juicio justo en ese país.
