Por Pascal Beltrán del Río
Amordazado, sí, pero por la Constitución
El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de condenar la suspensión de las cuentas de Donald Trump en Twitter y Facebook a decir que él mismo era víctima de censura por parte del Instituto Federal Electoral (INE), cuyo presidente consejero, Lorenzo Córdova, recordó que las conferencias mañaneras del Ejecutivo no podrán transmitirse íntegras durante las campañas electorales, que se iniciarán el 4 de abril.
“Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses, o la transmisión, o sea, que no se transmitan”, dijo López Obrador en su conferencia del martes. “Es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar (…) es una actitud de mucha intolerancia”, agregó.
Se reabrió así un debate que se remonta a 2019, año en que se celebraron votaciones en siete estados.
Lo extraño es que en esa ocasión el Presidente no objetó la restricción. Aun así, en noviembre de ese año, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso multas a distintos concesionarios públicos que “incumplieron la ley al difundir de forma íntegra y/o ininterrumpida las conferencias matutinas del Presidente” en estados con comicios, “por difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido” y “modificar la transmisión de promocionales que ordena el INE”, entre otras razones. Entre los sancionados estuvo el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (Canal Catorce), cuya multa se fijó en casi 550 mil pesos.
Los antecedentes de esta discusión se pueden encontrar en la contienda electoral de 2006, cuando López Obrador, entonces candidato presidencial, se quejó de la intervención del presidente Vicente Fox en el proceso. “Cállate, chachalaca”, le exigió.
Dicha denuncia llevó a reformar la Constitución, para que ésta dijera explícitamente lo que no pueden decir las autoridades en tiempos de campaña.
Por ejemplo, la siguiente prohibición, incluida en el artículo 41 de la Carta Magna: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público”.
A diferencia del pasado, cuando los legisladores que le eran leales promovieron o apoyaron esa y otras disposiciones, a López Obrador, hoy ya como Presidente, le estorba la Constitución. Quizá tenga razón en que ésta limita demasiado a los actores políticos, pues restringe la posibilidad de expresarse con libertad. En otros países, como en Estados Unidos, el presidente puede hablar de política durante las campañas y hasta apoyar a su partido, como lo hizo hace unos días Donald Trump en las campañas para senadores en Georgia.
Sin embargo, la Constitución mexicana es muy clara y específica, producto de la desconfianza entre los partidos políticos. Tan sólo el artículo 41 tiene la friolera de 4 mil 363 palabras, casi tantas como toda la Constitución de Estados Unidos, que, sin considerar sus enmiendas, tiene 4 mil 405.
No son el INE ni Córdova quienes establecen lo que el Presidente y otras autoridades deben abstenerse de decir en público durante las campañas. La que lo hace es la Constitución, reformada al gusto de AMLO en sus tiempos de opositor.
Y basta presenciar cualquier mañanera para saber que lo que se habla ahí es propaganda: autoelogios para las acciones del gobierno y denuestos para las opiniones de quienes el Presidente considera sus adversarios políticos.
