El Presidente de la República indicó que podría cancelar el servicio de los penales federales que se contrataron 2010, entre los cuales se encuentra el localizado en Ramos Arizpe, conocido como Penal de Mesillas, esto debido a los abusos que se han cometido contra los proveedores de servicios.
Al señalar que es un “abuso” e informar que se tiene un adeudo de 190 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que buscará llegar a un acuerdo con los proveedores de servicios de ocho penales federales -los cuales fueron contratados en la gestión de Genaro García Luna-, pero adelantó que de no llegarse a un acuerdo se presentarán denuncias para su cancelación.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que si se tiene voluntad por parte de las empresas beneficiadas con estos contratos deberá de llegar a un arreglo con el gobierno federal.
«¿Qué se va hacer en el caso de los reclusorios? Decirles que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero he dado instrucciones al Consejero Jurídico para que se actúe en dos vertientes: que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente», dijo el mandatario.
«Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Se va a hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo. Aquí vamos a estar informando”, puntualizó.
En Palacio Nacional, el mandatario acusó que en estos contratos “hubo abusos de todo tipo” y señaló los dueños de estos contratos estaban “muy vinculados al poder. Me reservó los nombres, a no ser que me los pida el INAI”.
“Pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos, y esto es lo que no queremos que vuelva a suceder en el país”, dijo.
“Es un botón de muestra desgraciadamente, porque esto se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal, sinónimo de corrupción, pero a estos extremos, y todavía no terminamos de limpiar, pero estamos convencidos a desterrar la corrupción del país, y ya tenemos que actuar porque ya nosotros estamos en falta”.
En este sentido, señaló que se pagó a estas empresas en 2019 y 2020.
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, indicó que estos contratos fueron entregados sin licitación sino por adjudicación directa.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que los ocho centros penales, que se encuentran en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila, tienen convenios con el gobierno federal desde 2010.
“En aquel momento, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; por Arturo Sosa, director general de administración, precisamente en la coordinación general de estos centros federales; y por Marco Antonio Villarreal, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia.
“La firma de estos convenios tuvo lugar en la época del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna”, detalló.
Señaló que aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos que corresponderá hasta en algunos penales “hasta el 2032, y en otros hasta el 2036 o 2037, así se hace un costo total proyectado a 20 años, es aproximado de 266 mil 300 millones de pesos”.
